Arañazos, golpes y 110.000 kilómetros de regalo. Así devolvió a su dueño la Policía Judicial un BMW 318d Gran Turismo valorado en 41.800 euros y prácticamente nuevo. El propietario estaba siendo investigado por un presunto delito de pertenencia a una organización criminal y blanqueo de capitales que no pudo ser demostrado, por lo que quedó absuelto y reclamó los daños causados a su coche.
Ahora la Audiencia Nacional le ha dado la razón -en parte- y tendrá que indemnizarla con 4.500 euros. Aunque la defensa pedía muchísimo más.
Te compensamos, pero un poquito
Según recoge la sentencia de la que se ha hecho eco El País, el BMW contaba con poco más de 10.000 km en su odómetro cuando fue confiscado en 2016. Entonces se autorizó a la policía a hacer uso del mismo por lo agentes. El coche no fue devuelto hasta 2020, cuando se desestimó el caso por falta de pruebas y el dueño se encontró con 120.000 km recorridos y "fractura de paragolpes trasero y roce de pintura en la parte lateral derecha", entre otros desgastes propios del tiempo y de una falta de mantenimiento. Se le ha dado la razón:
"Se acredita que el vehículo se encontraba en buen estado, y que los daños referentes a la pintura y paragolpes traseros son indemnizables, por defecto en la custodia". Así, se ha determinado que el Ministerio de Justicia ha incumplido el deber que tiene encomendado de custodia y conservación de los bienes objeto de embargo, pero el demandante pedía una cantidad desorbitada: nada menos que 54.000 euros de indemnización por averías, depreciación, gasto en peritos y kilometraje.
Pero el concepto de pérdida de valor no tiene cabida en este caso: el artículo 1788 del Código Civil impone al depositario (el Estado) los deberes de cuidado, vigilancia y custodia de los bienes entregados precisamente porque en un determinado momento habrán de ser devueltos y por ello han de ser convenientemente conservados, a resguardo de pérdidas y sustracciones.
"Pero esa conservación, y más tratándose de vehículos, no impone al depositario afrontar unos especiales gastos de conservación o mantenimiento dirigidos a evitar su depreciación, porque precisamente este tipo de bienes se deprecian sustancialmente por el mero transcurso del tiempo, incluso aunque hayan sido correctamente cuidados, vigilados y custodiados, de modo que resulta imposible en todo caso evitar su pérdida de valor", detalla el Código Civil.
Así, el Ministerio de Justicia ha sido condenado como responsable patrimonial por los daños y perjuicios ocasionados y tendrá que pagar 4.525 euros al afectado. ¿Le dará para la una mano de pintura?