En el recién aprobado Real Decreto ley que regula la reactivación económica tras la crisis ocasionada por el coronavirus, el Gobierno contempla una serie de nuevas medidas de cara al transporte que incluye tanto medidas preventivas a fin de evitar contagios como ayudas a las empresas del sector.
Y entre las mismas se destaca que el Ejectutivo ampliará las concesiones de autovías y autopistas que hubieran vencido o venzan durante este 2020, así como la de las áreas de servicio, a fin de minimizar la pérdida de ingresos de las concesionarias durante el estado de alarma.
Además, a esta disposición también se unen compensaciones económicas las empresas de transporte que hubieran experimentado pérdidas mientras estuvo activo el estado de alarma, entre el 14 de marzo y el 21 de junio.
En definitiva, una nueva batería medidas urgentes se suman a otras ya aprobadas por el Ejecutivo, como el plan de impulso para el sector de la automación, protagonizado por dos nuevos planes de incentivos a la compra a fin de reactivar el mercado automovilístico.
Previa aprobación
La ampliación de concesiones afecta a la construcción, conservación y explotación de las autopistas de peaje, así como a la conservación y explotación de las autovías y las áreas de servicio de la Red de Carreteras del Estado.
En su caso, no contarán con una compensación directa como ocurre con las compañías de transporte de viajeros, sino que el Gobierno podrá incrementar el tiempo de su concesión que, además, nunca podrá ser superior al tiempo que ha durado el estado de alarma. Así el objetivo es equilibrar las pérdidas ocasionadas en este periodo, para que o bien salgan de números rojos o bien alcancen los mismos resultados que en el mismo periodo de 2019.
Las concesionarias siempre deberán solicitar esta ampliación, que, a su vez deberá ser aprobada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, anteriormente Fomento.
Y el requisito que se exige para poder acceder a la ampliación de la concesión es que dichas compañías deberán demostrar que el margen bruto de explotación, es decir la diferencia entre ingresos generados y gastos ocasionados (de lo que se excluyen gastos de financiación, amortizaciones, provisiones o salarios de personal en ERTE), ha resultado negativo en el periodo en el que ha estado activo el estado de alarma.
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