Las concesionarias de las autopistas de peaje nunca pierden. El 1 de septiembre de 2021 se levantaron las barreras de cuatro autopistas de peaje españolas y le costó al Gobierno 1.069,9 millones de euros. Unos meses después supumos que el rescate de otras nuevas autopistas de peaje podría llegar a costar más de 4.500 millones de euros.
Ahora, la factura podría subir con los más de 1.000 millones de euros que pediría Audasa, la empresa concesionaria de la AP-9, si la Comisión Europea declara ilegal el contrato de adjudicación de esta carretera.
La empresa se cubre las espaldas
En España sabemos muy bien lo que es rescatar una autopista de peaje. A lo largo de los últimos años, el Gobierno se ha gastado miles de millones de euros en concepto de compensación a varias concesionarias de estas carreteras, pero la factura podría subir próximamente.
La Comisión Europea tiene en el punto de mira a la autopista AP-9 que une Ferrol con Tui, en Galicia. En 1994, el Gobierno dirigido por Felipe González alargó la concesión de esta carretera hasta 2023 a golpe de Decreto, sin un concurso público.
En el año 2000, el Gobierno de José María Aznar hizo exactamente lo mismo y alargó la concesión de esta autopista, que la tiene la empresa Audasa (Autopistas del Atlántico), hasta el año 2048.
Este tipo de contratos se tienen que hacer a través de un concurso público y no mediante Decretos, por lo que la Comisión Europea podría declarar ilegal la adjudicación a Audasa y retirarle la concesión de la AP-9 porque esas prórrogas vulneran la normativa comunitaria.
Mientras Bruselas estudia si echa para atrás la prórroga de la concesión de la AP-9, Audasa se ha anticipado a lo que pueda pasar y ha advertido que pedirá más de 1.000 millones de euros en concepto de indemnización al Gobierno si la adjudicación se declara ilegal.
De momento, la Comisión Europea solo ha abierto un expediente a España por la segunda extensión de la concesión de la autopista, la que alarga el contrato hasta el año 2048 a través del Real Decreto 173/2000, de 4 de febrero. Si el expediente se convierte en algo más, Audasa avisa:
“Cualesquiera medidas que pudieran contemplar la modificación o terminación del vigente contrato de concesión por causa no imputable a AUDASA y por razones de interés público (como consecuencia o no de la adopción de dichas medidas) implicaría en todo caso y conforme a la legislación vigente el derecho de AUDASA a ser debidamente indemnizada, indemnización que a juicio de AUDASA sería significativamente superior al importe actual de su deuda”.
La cantidad de la indemnización vendría dada por el importe de la deuda financiera que tiene la empresa en estos momentos. Según Europa Press, esa cantidad ascendería a 1.034 millones de euros al cierre de 2022.
Más allá de la indemnización a Audasa, queda en el aire lo que pueda pasar con la AP-9 si Europa la declara ilegal. El Gobierno debería decidir si acaba con el peaje o si somete a concurso público una nueva concesión de la autopista para cumplir con la normativa comunitaria.
