Una subida del 8,4 % en los precios de los peajes. Esa es la cifra propuesta al Gobierno por las principales concesionarias de las autopistas de peaje en España: Abertis, Itínere y Globalvia.
Según publican medios como La Vanguardia, estas empresas defienden remitirse a lo estipulado en los contratos firmados con el Estado, vinculado a la inflación. Es decir, a la evolución de los precios.
De hacerse efectiva esta subida, sería el mayor incremento de los últimos 30 años. En un suma y sigue para los conductores de coches, que verán desaparecer el descuento del combustible para todos el 1 de enero.
Por no hablar de medidas como los peajes urbanos que podrán poner los ayuntamientos en las ZBE o del plan para hacer las autovías de pago, que ya se está estudiando y se espera para 2024.
Una subida un 6,5 % mayor que la aplicada en 2022
Que los precios de los peajes suban ese solicitado 8,4 % aún no es definitivo. Esta subida se ha trasladado al Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para que se aplique desde el 1 de enero de 2023 en todas las vías que son de pago y de concesión estatal: unos 1.500 kilómetros en total.
Hay que tener en cuenta que los precios de los peajes de estas carreteras se revisan en función al IPC de los últimos doce meses y al cierre de noviembre.
Por poner en contexto este incremento propuesto, por ejemplo en País Vasco ya se ha confirmado que los peajes en sus carreteras de pago subirán desde enero un 2,25 %, muy alejado del alza del IPC. Y de confirmarse esa cifra sería un 6,5 % mayor a la subida general fijada para este 2022, que fue del 1,97 %.
Aunque hay autonomías que plantean subidas aún mayores en sus carreteras, como es el caso de la AP-9 en Galicia, donde se ha propuesto un incremento del 9 % para sufragar las obras realizadas.
No obstante, y según han confirmado a La Vanguardia fuentes del Ministerio de Transportes, desde el Gobierno se están valorando diferentes opciones para que el precio final no suba en tal porcentaje.
O más bien que no se repercuta directamente en el bolsillo de los usuarios, ya muy castigados desde la pandemia y aún más con la subida de precios a consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Ante esta tesitura, las concesionarias se han mostrado abiertas a propuestas siempre y cuando las amortizaciones y los ingresos de estas infraestructuras sean neutros.
Así, se prevé que la subida final sea menor y que la diferencia se compense a estas empresas por otra vía. O al menos es lo que pretende el Gobierno, aunque, para variar, trabaja a contra reloj, pues han de adoptar la solución en menos de 10 días.
Fórmulas para no castigar tanto el bolsillo de los conductores. Entre las posibilidades, según publica Expansión, podría estar la de que las arcas del Estado cubran parte de la subida bonificando a los conductores. También la de prorrogar parte del pago en años sucesivos.
Y la menos probable: que se amplíen las concesiones a estas empresas. No en vano, no se han renovado contratos en años anteriores: desde 2018 hasta siete autopistas han eliminado los peajes, como es el caso de la AP-1, la AP-2, varios tramos de la AP-7 o de la AP-4, por citar algunos ejemplos.
Además, en 2023 hay autopistas que van a pasar a ser gratuitas el año que viene, por ejemplo la C-32 Sur. Una medida que se ha tomado para aliviar el tráfico que discurre por su alternativa ahora sin coste que atraviesa varias ciudades. Eso sí, no será para todos los conductores.
De nuevo, toca esperar a que el Gobierno se pronuncie y conocer cuál será la subida en el precio final de cara al usuario. Como también toca hacer lo propio con otras medidas: por ejemplo cómo se sustituirá el descuento de los carburantes que va a dejar de ser para todo el mundo.
