El Ejecutivo ha dado el primer paso en serio para implantar un modelo de pago por uso en las autovías españolas: se ha encargado a la consultora pública Ineco la elaboración de nueve informes para valorar un nuevo sistema de financiación de las vías de alta capacidad.
Se trata de la primera fase que abre la puerta a esta medida, que sigue fijando su fecha de "posible" llegada a partir de 2024, desde que se planteara firmemente el año pasado.
10 meses para realizar el estudio y definir el modelo de pago
El 10 de junio se formalizó el contrato entre la Dirección General de Carreteras e Ineco. Dos meses después, el día 10 de este agosto, esta entidad contrató los servicios de asesoría a KPMG Abogados para los servicios de consultoría jurídica en materia fiscal y tributaria en el ámbito de las carreteras.
Este estudio que conforma la primera fase de la medida supondrá un coste de 1,4 millones de euros, en los que se incluyen los 89.000 euros del contrato con KPMG.
En total, para este estudio que se materializará en nueve informes, se ha fijado un plazo de 10 meses. Y entre sus principales objetivos está el de definir el modelo más adecuado para cobrar a los usuarios por la utilización de las autovías, ahora de libre circulación.
Los más barajados son dos, ya conocidos e inspirados en los modelos implantados en otros países europeos: el pago por uso, una tarifa determinada por circular por una carretera dada o tramo, y el de viñeta, una especie de tarifa plana por tiempo de uso (diaria, semanal, mensual o anual).
Aunque, según lo mencionado anteriormente, se podrían combinar los dos: comenzar a modo de prueba con la viñeta para desemboca en el pago por uso por kilómetro siguiendo el modelo portugués.
Además, otro de los objetivos de este este estudio previo es el de estudiar qué vías deberán tarificarse, si solo las autovías dependientes del estado o también incluir autonómicas o cualquier carretera. O una progresividad fiscal, a fin de no perjudicar a los usuarios más vulnerables económicamente.
Definidos el sistema y los términos, se pasará a una segunda fase que supondrá el diseño y la ingeniería de las soluciones escogidas y una tercera para dar soporte a la licitación de la implantación del sistema de cobro. Sea como fuere todos los documentos siguen apuntando a 2024 como fecha en la que podrían llegar estos peajes.
Un modelo de financiación necesario y siguiendo la estela de otros países europeos
El Gobierno sigue defiende esta medida como necesaria para financiar el mantenimiento de las vías de alta capacidad, además de señalar que responde a las recomendaciones desde Europa y que supondrá alinearse con otros estados miembros, pues son varios los países que aplican peajes en sus vías rápidas generalizadamente.
Es el caso de nuestros vecinos, Francia y Portugal, pero también de otros países como por ejemplo Italia, Austria, Suiza, Hungría, Bulgaria o Rumanía.
Sea como fuere, esta medida no se ha recogido de forma específica en la nueva Ley de Movilidad Sostenible, e incluso se había señalado que se retrasaría más allá de 2024 por falta de consenso.
El Ejecutivo ha seguido aludiendo a que la medida deberá ser consensuada con todas las fuerzas políticas y el conjunto de la sociedad, incluyendo el sector del transporte que uno de los más afectados por la crisis.
A ello se suma la situación económica actual, tambaleada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, que se traduce en una mayor incertidumbre para la implantación a corto o medio plazo de la medida.
Desde que se planteara firmemente, se han barajado diferentes tarifas, aunque ahora todo queda al estudio que se está realizando.
Por ejemplo, en el caso del sistema viñeta, se había barajado una tarifa anual de 80 euros.
Mientras que en el caso del pago por uso, estipulado en los kilómetros recorridos como el modelo portugués y también llamado 'peaje blando', se filtraron en su momento varias tarifas posibles: desde 1 céntimo por kilometro hasta cuatro.
