Tras intensas negociaciones, la Unión Europea y Reino Unido han conseguido alcanzar un acuerdo sobre el divorcio de Londres con el club comunitario. Será el 29 de marzo de 2019 cuando el Brexit entre en vigor, pero no de forma definitiva, pues se ha pactado una 'congelación' de 21 meses antes de que se haga efectivo de forma definitiva.
Es decir, los actores implicados, que son muchos, tienen hasta el 31 de diciembre de 2020 para prepararse ante la salida definitiva, y la industria automotriz vaticina consecuencias nada favorecedoras si no se atan bien todos los cabos sueltos.
Este periodo de 21 meses de transición se ha acordado para dar tranquilidad a los mercados y a los ciudadanos, "para evitar incertidumbres" ha dicho el negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier. Hasta el 31 de diciembre de 2020 Londres deberá cumplir con la normativa europea y el Peñón de Gibraltar seguirá beneficiándose de las ventajas del mercado único, a la espera de que Madrid hable sobre si usará el veto del Brexit.
Homologaciones, aduanas y normas ambientales: las tres patas de una mesa que no se puede tambalear
¿Y qué dice la industria? La Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), que representa a 15 fabricantes de vehículos con plantas en Europa, está preocupada. Ha pedido a los negociadores que sean cuidadosos para evitar "posibles implicaciones desastrosas" en el sector del automóvil.
Una de los primeras preocupaciones son las homologaciones. El secretario general de ACEA, Erik Jonnaert, ha declarado que están solicitando a la Comisión Europea una aclaración sobre si los fabricantes podrán mantener las autorizaciones técnicas tanto en la Unión Europa como en Reino Unido sin tener en cuenta dónde se haya emitido la homologación.
Y es que la legislación europea exige que los vehículos sean inspeccionados y testados por un servicio técnico nacional para verificar que cumplen con los estándares medioambientales, legales y de seguridad de la Unión Europa antes de ser lanzados al mercado.
Si los cientos de homologaciones ya otorgadas por la autoridades europeas dejan de ser válidas en Reino Unido y viceversa, la ACEA vaticina "caos en el mercado" y exportaciones bloqueadas a ambos lados del Canal. Calculan que sin una continuidad legal, los fabricantes de automóviles podrían enfrentar costos de aproximadamente 450.000 a 600.000 euros por modelo para duplicar las homologaciones.
Otro de los puntos que preocupa a la industria es el control de aduanas, que ha de seguir un proceso simplificado y rápido y debe evitar costos innecesarios por vehículo para evitar un descenso de la productividad.
Una tercera pata que ha de apuntalarse para no hacer que la industria se tambalee es la de la normativa medioambiental. Los fabricantes de automóviles, incluidos Gran Bretaña, están obligados a operar bajo el paraguas normativo europeo, que establece que las emisiones promedio de CO₂ de los automóviles nuevos vendidos en 2021 debe ser de 95 gramos por km.
Si Gran Bretaña, el segundo de mayor volumen de Europa, sale de los cálculos, a su excompañero le será más difícil cumplir con la normativa.
En Europa, la industria automotriz es un bien muy preciado: 12,6 millones de personas, o el 5,7 % de la población empleada de la Unión Europea, trabajan en el sector. Además, los vehículos de motor representan casi 396.000 millones de euros en contribuciones impositivas en la Europa de los 15, y genera un superávit comercial de alrededor de 90.000 millones.
