Un colectivo formado por 14 empresas y entidades sociales preocupadas por el medio ambiente ha hecho llegar al Gobierno una petición para que prohíba la venta de vehículos de combustión a partir de 2035.
La carta, dirigida a la atención de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera y firmada por entes como ECODES, Fundación Renovables y Transport & Environment, busca que el Ejecutivo español se adhiera a esta medida del paquete 'Fit for 55' impulsado por la Unión Europea.
Oportunidad para dar ejemplo
Sin adentrarse en datos más concretos, las entidades firmantes justifican su petición en el gran papel que el transporte sigue jugando como elemento contaminante, llegando según sus cálculos a ocupar el 90 % de las emisiones de gases de efecto invernadero.
A este respecto, el paquete 'Fit for 55' de la Comisión Europea propone obligar a los fabricantes de automóviles a endurecer la reducción de las emisiones de CO₂ de sus coches y furgonetas, imponiendo un recorte del 55 % a partir de 2030 (con respecto a los niveles registrados en 2021) y dejándolo en cero emisiones a partir de 2035.
Algunos países como Alemania ya se han mostrado a favor de esta iniciativa y, si bien desde el Gobierno español se asegura que el país estaría preparado para seguir esta hoja de ruta, aún no se han puesto en marcha los mecanismos para trasladar estas medidas al marco nacional.
De ahí el apremio solicitado por los colectivos firmantes de la carta, quienes consideran que la posición de España como país productor de vehículos debe aprovecharse para ejercer el liderazgo en la transición al coche eléctrico enviando con ello a la ciudadanía y los sectores económicos un claro mensaje de apuesta por el cambio.
Entre otras razones, estas entidades estiman que, para 2035, fabricar turismos y furgonetas eléctricas será mucho más asequible que ahora, lo cual en su opinión abaratará también sus precios de cara a los consumidores y empresarios.
Asimismo, el predominio de los vehículos cero emisiones en el entorno traerá consigo, desde su punto de vista, mejoras evidentes tanto en la calidad del aire en las ciudades como en la salud de los ciudadanos.
Entre los 14 firmantes de la misiva figuran, además de ONG como ECODES, empresas del sector de la movilidad como Uber, Bolt o BlaBlaCar, instituciones como la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC) e, incluso, grandes compañías del sector energético como Acciona o Iberdrola.
Sea como fuere, mensajes como éste denotan que un sector de la sociedad española presiona para agilizar la electrificación del parque móvil español. Presiones que también se dan en el propio Congreso de los Diputados, donde ya se han debatido propuestas como la que presentó en febrero Más País-Equo para prohibir la publicidad de vehículos de combustión a partir de 2025.
Sin embargo, el optimismo de este sector social entrechoca con la realidad que ya avista la industria automotriz: la escasez de baterías disponibles, debida a su vez al exponencial aumento en la demanda y cotización de las tierras raras que las componen como el litio, el níquel o el manganeso.
