Aumar, filial de Abertis, y los sindicatos sindicatos UGT y USO han firmado el acuerdo final para aplicar el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado a finales de octubre por el fin de la concesión de las autopistas AP-7 (Tarragona - Valencia - Alicante) y AP-4 (Sevilla - Cádiz), que pasarán a ser gratuitas a partir del 1 de enero de 2020.
Finalmente, como publica El Periódico, el ERE afectará a 136 trabajadores, casi la mitad (45,3 %) de la plantilla total que engloban ambas autopistas (300 empleados). Los afectados por los despidos son los puestos que atienden el cobro del peaje, así como personal de oficina.
Se rebaja así la cifra propuesta inicialmente por Abertis, que planeaba que afectara a 140 empleados de las dos vías. En las asambleas celebradas entre el lunes y el martes pasado, han participado el 70% de los trabajadores afectados por el ERE y, según ha informado la concesionaria, más del 90% han aceptado las condiciones propuestas en el preacuerdo.
El tramo de la AP-7 que une Tarragona con Alicante, así como la AP-4, que discurre entre Sevilla y Cádiz, se suman a las autopistas que pasarán a ser gratuitas como ya hiciera la AP-1 (Burgos - Armiñón) el año pasado.
Para verano del 2020 el Gobierno ha previsto acabar con los peajes en otras tres autopistas: la AP-2, entre Zaragoza y El Vendrell (Tarragona), la AP-7, en el tramo que une Tarragona y La Jonquera (Gerona) y, de nuevo, la AP-7, entre Montmeló y el Papiol. La concesión en las mismas finaliza el 31 de agosto y el Ejecutivo ya ha comenzado los trámites para la eliminar los peajes en las dos primeras.
Indemnizaciones equivalentes a despido improcedente y medidas complementarias
El acuerdo firmado entre Aumar y los representantes de los trabajadores mantiene el preacuerdo presentado la semana pasada y contempla las indemnizaciones por despido improcedente contempladas por la ley: el máximo de 45 días de salario por año trabajado previos a 2012 y de 33 días por año a partir de 2012, con un máximo de 24 mensualidades para los ejercicios trabajados desde dicho año.
De forma adicional, se recogen otras medidas complementarias para los afectados por el expediente de regulación de empleo: la aplicación de un seguro médico privado durante un año, un convenio especial para aquellos trabajadores de 55 años o más hasta que cumplan 63 años. Además, para los empleados con más de 59 años el convenio especial se amplía a los 64 años y se ha proyectado un plan de recolocación personalizada para cada uno de ellos.
Los afectados por el ERE son tanto el personal que atiende al cobro de la autopistas en los puestos de peaje como el de oficina. El Gobierno sólo ha garantizado los puestos encargados del mantenimiento de las autopistas, cuyos contratos se subrogarán. Fomento ya ha sacado a concurso los mismos, que se elevan a 153 millones de euros y aún están pendientes de adjudicación.
El fin de los peajes en las mencionadas seis autopistas, tres no contarán con ellos en 2020 y otras tres a partir de 2021, forma parte del plan del Ejecutivo para encontrar un nuevo modelo de financiación 'sostenible' para la red viaria española. En el mismo se han barajado medidas, lanzadas como 'globo sonda', como el de aplicar el pago por uso en autovías 'gratuitas' (pues dependen de los impuestos del contribuyente). El mismo, de aplicarse, sería simbólico, según explicó este verano el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
Mientras, el coste medio del peaje en 15 autopistas españolas dependientes de Fomento experimentará un incremento del 0,84 % en 2020, siendo el tercer año consecutivo de subida: en 2019 se elevó un 1,67 % y en 2018 un 1,91 %.
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