Que el diésel es, hoy por hoy, considerado enemigo público número uno de la atmósfera es un hecho. La persecución de las administraciones se une a las propias marcas de coches, que comienzan a prescindir de motores diésel en sus gamas. El último capítulo se escribe dentro de nuestras fronteras: el Gobierno de España planea gravar aún más el gasóleo como parte de la reforma de los impuestos medioambientales, aunque enmarcada dentro del debate autonómico.
Bruselas ha vuelto a dar un toque a España ante la baja fiscalidad de la que hacen gala los impuestos medioambientales en nuestro país. Según El País, valga la redundancia, un informe recién publicado por el Ejecutivo europeo sobre la economía española, sacaba a reducir que los impuestos verdes sólo representan el 1,9% del PIB. Además, la Comisión Europea hace hincapié en el tratamiento fiscal de los combustibles fósiles y el bajo gravamen del que disfrutan.
En especial, el diésel, claro. Con la que está cayendo y con muchas administraciones europeas declarando la guerra abiertamente al gasóleo, en España este combustible goza del impuesto especial mínimo a pesar de que se ha probado que es más perjudicial para la atmósfera que la gasolina sin plomo. En base a este argumento Bruselas le llama la atención a nuestro país. Una vez más.
Incumpliendo los límites medioambientales desde 2010
No es la primera vez que desde el Parlamento Europeo se señala a España en la batalla medioambiental. De hecho, como recuerda El País, la Comisión tiene abierto un expediente contra nuestro país por incumplir desde 2010 los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) tanto en Madrid como en Barcelona.
Bruselas está evaluando actualmente si llevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al Gobierno español en base a sus planes para reducir la contaminación, los cuales considera deficientes. Asimismo, la UE recomienda al Ejectutivo que emplee para ello la fiscalidad.
Pasando la pelota a las autonomías
La reforma fiscal verde, que ha estado sobre la mesa desde diciembre de 2016, pasaba por unas reformas que permitirían aumentar en 500 millones de euros la recaudación en este sentido. Justo lo que Bruselas le reclama a España.
Tras el aviso por parte de la Comisión, el Gobierno da un paso al frente y confirma que entre sus planes más inmediatos está el de acabar con el tratamiento fiscal que favorece al diésel, además de gravar aún más mediante el impuesto de circulación a los vehículos más contaminantes.
Es por ello que Hacienda, con Cristóbal Montoro al frente, pretende acometer la reforma de impuestos medioambientales durante la negociación de la financiación autonómica con las comunidades. Es decir, planea dejar en manos de las CC.AA. el grueso de la fiscalidad ambiental. Actualmente, el impuesto sobre hidrocarburos está parcialmente en manos de las Comunidades, aunque acotado dentro de un margen: éste podría desaparecer para dejar de favorecer a los combustibles, principalmente al diésel.
El diésel con el mismo precio que la gasolina, ¿en cuatro años?
Sobre como se acometerá la reforma fiscal que atañe al diésel pasa tanto por los vehículos que funcionan con gasóleo como por el propio combustible. Una propuesta presentada recientemente por Ecologistas en Acción instaba al Gobierno de la misma manera que lo ha hecho ahora Europa: "los impuestos tienen un gran potencial a la hora de desincentivar la compra de los vehículos más contaminantes".
Es por ello que dicha propuesta aboga por modificar el actual impuesto de hidrocarburos que atañe al diésel para que, en un plazo máximo de cuatro años, se equipare a la gasolina. En otras palabras: que el gasóleo deje de ser más barato para evitar que la gente opte por coches diésel en detrimento de los gasolina.
Otra de las medidas que también se dejará en manos de las autonomías pasa por aumentar los impuestos a los automóviles menos respetuosos con el medio ambiente a través del Impuesto de Circulación. El conocido como "el numerito", que gestionan actualmente los ayuntamientos, podría ser ahora también de imposición autonómica. De esta manera, se pasaría a la fijación de dos tipos, uno autonómico y otro municipal. Y el diésel, nuevamente, apunta a ser el más perjudicado de aplicarse la reforma.
El bolsillo de los conductores será quien pague el pato
Otra vía no propuesta por el Gobierno español de cara al debate autonómico, pero que también tendría sentido, es la de aumentar los impuestos a la compra de los coches nuevos alimentados por gasóleo mediante el gravamen de matriculación. A ello también hace relación el informe de Ecologistas en Acción.
Con millones de vehículos diésel circulando por la carreteras europeas y españolas, los que vendrán a pagar el pato serán los conductores: el diésel hace unos años era la panacea y cientos de miles de automovilistas optaron por el gasóleo frente a la gasolina. Ahora, ven como las restricciones de las grandes ciudades tienen el diésel en el punto de mira.
A ello podrá sumarse un elevado gravamen sobre el gasóleo, que encarecerá el precio de este combustible afectando a los conductores de coches diésel. Lo mismo ocurrirá con el Impuesto de Circulación si finalmente se suma el tipo autonómico. En definitiva, el que se compró un diésel pensando en el ahorro fiscal verá como el tiempo ha terminado por no darle la razón. Veremos qué medidas se adoptan finalmente durante la negociación de la financiación autonómica.
