El Decreto Ley aprobado ayer lunes por la Generalitat Valenciana y que regula la prestación de servicios de transporte mediante vehículos con conductor -los conocidos como VTC- ha entrado en vigor.
En él se establece la prohibición de que los VTC capten clientes por la calle o estacionen en las vías públicas, mientras que la obligación de que sus servicios se precontraten con 15 minutos de antelación tendrá una moratoria de dos meses. Uber ha anunciado que se adaptará al decreto, mientras que Cabify lo está estudiando.
Lo que dice el Decreto: ni geolocalización ni captación de viajeros
La disposición adicional primera de este Real Decreto habilita a las comunidades autónomas, por delegación del Estado, como es el caso de Aragón, a que otorguen autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor de ámbito nacional y puedan modificar las condiciones de explotación.
Arranca el #PlenoAragón con la votación del Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de transporte de viajeros mediante el arrendamiento de #VTC. "Garantiza la convivencia entre #taxis y VTC de forma preventiva", explica el consejero @pepesoro. pic.twitter.com/xAEJZRl4Kj
— Cortes de Aragón (@cortes_aragon) 29 de marzo de 2019
Uno de los puntos más polémicos propició la marcha de Uber -en un primer momento- y Cabify de Cataluña:
- A los efectos de garantizar el cumplimiento de las condiciones de prestación del servicio y, en particular, de su precontratación, el tiempo que mediará entre la celebración del contrato de arrendamiento o en su defecto, entre la comunicación de los datos esenciales del mismo a la Administración y la salida del vehículo del lugar en el que se encuentre, deberá ser de un mínimo de 15 minutos. Para garantizar su control, será el momento en el que salga del lugar donde se encuentre, aquel en el que deberá comunicar el inicio del mismo.
Pero estos 15 minutos de precontratación tienen dos excepciones: las emergencias y las administraciones públicas. Según explica El Mundo, "en el caso de los contratos de las administraciones para hacer uso de los VTC, se refieren sobre todo a los de Sanidad o Justicia, para traslados de urgencia o con documentación especial".
Los VTC aún tienen dos meses para adaptarse a esta exigencia; el resto de puntos deberán cumplirlos a partir de ya.
También establece que los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor no pueden, en ningún caso, circular por las vías públicas en busca de clientes, ni captar viajeros que no hubieran contratado previamente el servicio permaneciendo estacionados a estos efectos.
El decreto también prohíbe el uso de la geolocalización:
- Asimismo, al objeto de evitar la captación de viajeros en la vía pública, se establece como condición de explotación, que los vehículos adscritos a una autorización de arrendamiento con conductor no podrán ser geolocalizados por los usuarios con carácter previo a su contratación.
Este Decreto, que contempla un plazo de aplicación de dos meses, obliga además que cada coche VTC que se sustituya deberá ser por otro que utilice como fuente de energía la electricidad, el hidrógeno, los biocarburantes, los combustibles sintéticos y parafínicos, el gas natural y el gas licuado del petróleo.
Lo que dicen los afectados: desaparición de más de 500 empleos
La patronal de VTC, Unauto, considera que estas restricciones "copiadas del modelo catalán, supondrán la desaparición de más de 500 empleos. Uber ha confirmado que, por el momento, seguirá operando en Valencia, y que ha adaptado su operativa a las exigencias del Gobierno valenciano.
Por su parte Cabify ha comunicado que si bien la compañía opera en Valencia y en Alicante como hasta ahora, "trabaja ya para analizar el texto publicado y también para adaptar su modelo operativo a aquellos requisitos impuestos por la normativa autonómica, que desde mañana (refiriéndose a hoy) entran en vigor".
Hace unos días, la patronal del sector VTC quiso presionar a la Generalitat advirtiendo que tanto Uber como Cabify dejarían de operar en Valencia cuando entrara en vigor la nueva normativa.
