Sabemos que el escándalo Dieselgate que sacudió a la industria automotriz en 2015 pasó sin pena ni gloria por Europa. En comparación con las multas millonarias y las detenciones que se han sucedido en Estados Unidos, los afectados del viejo continente se han tenido que conformar con las migas.
En España, directamente, han decidido pasar la pelota a Alemania -epicentro del escándalo-, y según informaciones recogidas por El Periódico, el fiscal que instruye el caso considera que "la autoridad alemana se encuentra en mejor posición para investigar los hechos".
Centralizar la investigación
La información a la que ha tenido acceso la cabecera alude a un escrito remitido por el fiscal Marcelo de Azcárraga al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, indicando que dada la implicación de la justicia alemana en el escándalo, esta debería asumir la finalización de la investigación y "la decisión de qué personas van a ser finalmente llevadas a juicio".
En Alemania se han llevado a cabo numerosos registros de las sedes y oficinas de firmas implicadas, como Volkswagen, Audi, Porsche e incluso BMW, y la investigación incluye vehículos comercializados en España.
En la información proporcionada por El Periódico se explica que por el contrario, las indagaciones efectuadas en España "no han permitido concretar la intervención de persona física alguna que, desarrollando su actividad en España, fuera consciente de la manipulación".
Y es que las investigaciones realizadas en España se han topado con las autoridades alemanas, que ya se habían ofrecido a asumir la competencia de todos los casos a nivel global debido a la cantidad de documentación incautada y a que la Fiscalía de Braunschweig ya está investigando al personal de la empresa alemana.
Estas pesquisas han permitido confirmar qué personas llevaron a cabo acciones delictivas, determinando que no se puede demostrar que otros empleados, importadores o vendedores conocieran la manipulación del programa informático.
En España ya se había recabado información de las autoridades francesas, de Estados Unidos y del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas sobre el papel de la válvula EGR (recirculación de gases de escape) en el engaño.
En realidad, concentrar en el epicentro geográfico del escándalo todos los procesos judiciales tiene sentido, aunque la mayoría de vehículos afectados se localizan en Estados Unidos. En Europa, a parte de las reparaciones oportunas, la máxima concesión que obtendrán los afectados es una garantía extra de dos años.
El por entonces director ejecutivo de Volkswagen, Matthias Müller, alegó en 2016 que no era viable económicamente compensar a los 8,5 millones de afectados en Europa hasta que no hubiera necesidad de hacerlo. Y no la ha habido.
En España hay algo más de 630.000 coches que se vendieron con el software que falseaba las emisiones en banco de prueba, limitando las emisiones Nox. Sin embargo, según la Agrupación de Afectados por Volkswagen, solo el 8 % de los afectados solicitará una reclamación. El 92 % restante ha decidido pasar por el taller para que se lleven a cabo las modificaciones oportunas.