El Régimen de Actividades Individuales, más conocido como sistema RAI, ha estado siempre ligado a la polémica. Se trata de una norma cuyo origen se remonta a 2010 y que consiste en controlar la actividad de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y vincularla a sus complementos salariales; una valoración que tiene en cuenta el número de multas impuestas.
El RAI fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2014 tras un recurso presentado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), pero ahora vuelve a estar en la palestra, pues según informaciones de Público este sistema sigue en vigor y provocando malestar.
Denuncian presiones para multar
Fuentes de la AUGC explicaron al diario Público que la última denuncia sobre la aplicación del RAI ha tenido lugar en Zaragoza. El malestar entre la plantilla por la aplicación de este sistema de incentivos ha provocado que 11 de los 50 agentes del destacamento estén de baja y solo 18 salgan a la carretera.
“Se desincentiva con algo que era para incentivar” RAI�➿https://t.co/LVxqsh8GHO
— AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) 21 de octubre de 2018
La asociación ha denunciado que son sometidos a presión por imponer un número de denuncias, lo que les lleva a competir "por aumentar el número de denuncias para cobrar una productividad de 111 euros/mes y que casualmente se reparten entre los cuatro que más denuncias cumplimentan".
Según las últimas informaciones, los criterios de este paquete de pluses los decide el jefe de la unidad. Así, se pueden obtener cinco puntos si se intercepta a un conductor que circula de forma temeraria, cuatro puntos si hay consumido alcohol o drogas o tres puntos si se le sorprende hablando por el móvil o sin cinturón.
Por el contrario, el auxilio a automovilistas solo suma 0,1 puntos, mientras que la protección de personalidades son tres y la elaboración de atestados cinco, explica Público.
Es un hecho aceptado por la AUGC que este registro de actividades tiene su origen en la huelga de bolis caídos que llevaron a cabo los agentes en 2010 para protestar por sus condiciones laborales. En aquella ocasión, según la AUGC, el número de denuncias cayó en picado, hasta en un 90 %.
