Transport for London (TfL), el organismo del gobierno local responsable del sistema de transportes en Londres, ha rechazado la petición de renovación de la licencia por parte de la plataforma de transporte privado bajo demanda Uber, alegando motivos de seguridad.
En concreto, el comunicado emitido por la institución detalla que la aplicación no es "apropiada" ni "adecuada" al encontrar "patrones que pusieron a los pasajeros y su seguridad en riesgo, "lo que significa que TfL no puede renovar la licencia".
El motivo ha sido "un cambio en los sistemas de Uber que permitió a conductores no autorizados subir sus fotos a las cuentas de otros, lo que significa que podían recoger pasajeros como si fueran el chófer asignado por la app, mientras que todos ellos circulaban sin seguro y algunos de ellos sin permiso de conducción. TfL cifra en 14.000 los viajes contratados con chóferes bajo estas condiciones, e incluso cita que a uno de ellos se le rechazó la petición del carné de conducir.
En cualquier caso, los vehículos podrán seguir operando "con normalidad" durante el proceso de recursos, el cual la compañía ya ha afirmado que iniciará y abarcará 21 días. La entidad cuenta con 45.000 conductores en la capital británica.
Por otra parte, la autoridad de Londres asegura además, tras haber encargado una evaluación independiente de la capacidad de Uber para evitar que ocurrieran incidentes de esta naturaleza nuevamente, que actualmente no tiene confianza en que la entidad "tenga un sistema consolidado para proteger la seguridad de los pasajeros, mientras administra los cambios en su aplicación".
Helen Chapman, directora de licencias, regulación y cargos de TfL, ha afirmado que "la seguridad es nuestra máxima prioridad absoluta. Si bien reconocemos que Uber ha realizado mejoras, es inaceptable que haya permitido que los pasajeros suban a coches con conductores potencialmente sin licencia y sin seguro".
Nuevo varapalo a Uber
Cabe recordar que Uber ya perdió la licencia en septiembre de 2017, si bien la recuperó de forma temporal gracias a una licencia de un plazo de 15 meses que, tras una prorroga de otros dos concedida en septiembre, ahora finaliza y no se volverá a renovar, al menos por el momento.
Uber vuelve a estar en el foco mediático poco después de acometer una nueva ronda de despidos que afectó a 350 empleados a nivel global, la tercera y supuestamente la última según la compañía, después de haber enviado a la calle a un total 1.185 trabajadores fruto de las pérdidas de 5.200 millones de dólares reportadas en agosto.
Asimismo, a la criticada salida a bolsa, que costó manifestaciones en EEUU, se suman el informe de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (NTBS) que determinó que los vehículos con tecnología semiautónoma de prueba de Uber estuvieron involucrados en al menos 37 accidentes antes del atropello mortal de marzo de 2018, o el frenazo recibido en Ginebra, donde tendrá que contratar a sus conductores y pagar las cotizaciones a la Seguridad Social al haber sido categorizado como empleador y no como una plataforma de conexión entre conductores y usuarios, según la justicia.
Un repaso a Uber en España
En lo que respecta a España, cabe recordar que tras la aprobación en octubre de 2018 del Real Decreto Ley por el que se modificó la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, se limitó la actividad de las VTC y se traspasó su regulación a Comunidades Autónomas, encontrando los principales escollos en Barcelona, Valencia y Madrid.
De hecho, esta medida, desarrollada dentro del contexto de la guerra con el taxi, acabó con la aprobación por parte del Ejecutivo catalán de un decreto ley que obliga a precontratar con 15 minutos de antelación los servicios de los VTC, y la posterior salida de Uber de Barcelona.
Y cuatro meses después, el proceso se repitió en Valencia, donde se aprobó el mismo periodo de precontratación y la entidad terminó por dejar de operar en la ciudad del Turia.
Además de estas ciudades, en el País Vasco, Madrid -que acumula casi la mitad de vehículos VTC de España -, Baleares, Aragón han aprobado regulaciones para los vehículos de alquiler con conductor.
Por otra parte, estas se han visto sometidas a un mayor control de sus operaciones. Desde el pasado mes de abril, todas las firmas titulares o intermediarias de servicios de vehículos de alquiler con conductor (VTC), como son Uber o Cabify, están obligadas a notificar cada viaje que realicen en un registro online del Ministerio de Fomento.
Todo ello en un marco en el que, no obstante, Uber parece decidido a enterrar el hacha de guerra con el taxi después de haber alcanzado un acuerdo por el que por primera vez en España permite desde el pasado viernes contratar taxis a través de su app.
El vínculo, alcanzado para Madrid, convierte a la capital de España en una de las primeras ciudades europeas en añadir bajo UberX los dos servicios de movilidad, algo que se lleva a cabo en Finlandia y Noruega.
Uber actualmente opera en España en: Alicante, Badajoz, Burgos, Cáceres, Córdoba, Elche, Granada, Jerez, Linares, Lorca, Vitoria, Vilafranca, Vigo, Valladolid, Sevilla, Santander, San Sebastián, Salamanca, Cádiz, Pamplona, Murcia, Málaga y Madrid.
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