El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha publicado, con mucho sigilo, un informe acerca de las deficiencias generalizadas de las asociaciones público-privadas en los Estados miembros, en concreto con los proyectos de infraestructuras.
En el podio de retrasos y sobrecostes se encuentra Grecia, donde los aumentos de costes se acercaron a los 1.200 millones de euros y España, cuyo sector público asumió un sobrecoste de 300 millones de euros por retrasos en la construcción de la A-1 (Madrid) y de la C-25 (Cataluña).
Los ciudadanos pagamos la factura
Los auditores europeos no están demasiado contentos con el uso que los Estados miembros hacen de sus presupuestos. La mayoría de asociaciones público-privadas auditadas (Grecia, España, Irlanda, Francia) "fueron objeto de ineficiencias considerables en forma de retrasos durante la construcción e importantes aumentos de los costes", describe el informe.
En total, siete de los nueve proyectos completados (con costes de proyectos agregados de 7.800 millones de euros) sufrieron demoras que oscilaron entre dos y 52 meses. Además, fue necesaria una cantidad adicional de casi 1.500 millones de euros en fondos públicos para completar las cinco autopistas auditadas en Grecia y España, de los cuales la Unión Europea proporcionó alrededor del 30 % (correspondiente a 422 millones de euros).
El Tribunal considera que esta cantidad se ha gastado "de manera ineficiente por lo que respecta a la consecución de los beneficios potenciales". Y añade: "Los proyectos de autopistas en España se licitaron de manera puntual, pero los contratos se renegociaron poco después, lo que suscita preguntas sobre si la contratación se había gestionado debidamente".
En el caso español, debido a modificaciones en las obras previstas y la renegociación de contratos, se asumieron/asumimos sobrecostes de 300 millones de euros. El coste de la autovía A-1 se incrementó en un 33 % (158 millones de euros), retrasando dos años el proyecto, mientras que la autopista C-25 experimentó un incremento del 20,7 % (143,8 millones de euros, incluyendo 88,9 millones de euros en costes financieros) y retrasos de 14 meses.
Y todo esto cuando, un día después de que el Gobierno anunciara que no había dinero para subir las pensiones, rescata la autopista de peaje AP-36 Ocaña-La Roda. Se trata de la tercera vía de las nueve de gestión privada que han quebrado, y que nos costará más de 2.000 millones de euros.
Foto | Wikipedia/Zarateman.
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