El cantón suizo de Ginebra ha clasificado a Uber como un empleador y no como una plataforma de conexión entre conductores y usuarios, y ha ordenado detener sus actividades hasta que cumpla con sus obligaciones y se atenga a las leyes laborales del país.
Según explican los medios locales, el consejero de Estado, Mauro Poggia, explicó hace unos meses que Uber actualmente no está cumpliendo con sus obligaciones legales y tendrá que contratar a sus conductores y pagar las cotizaciones a la Seguridad Social, al igual que hacen otras compañías de taxis.
"Depende de Uber cumplir con nuestras leyes, no al revés"
Tras una análisis judicial en profundidad acerca de la situación, se ha determinado que existe un vínculo de subordinación entre Uber y sus conductores, puesto que no pueden elegir a sus clientes, ni fijar el precio ni la ruta.
«C'est à Uber de se plier à nos lois, non l'inverse» https://t.co/cv7iKw5reE pic.twitter.com/lJUU5QiXVF
— Mauro Poggia (@MauroPoggia) July 27, 2019
Poggia ha hecho hincapié en que el caso es retroactivo, lo que significa que se espera que Uber pague cargos sociales por todos sus conductores desde que llegó al mercado de Ginebra a finales de 2014. También ha querido dejar claro que no es su intención acabar con Uber en el país: "Mi única intención es que Uber respete la legislación vigente", ha dicho en una entrevista.
También ha señalado que la orden se basa en la ley federal suiza, lo que significa que otras regiones suizas pronto podrían seguir el ejemplo de Ginebra.
Uber, que cuenta con alrededor de cuatro millones de conductores, considera que éstos son autónomos e independientes y no sus empleados, algo que hay provocado numerosos juicios y huelgas masivas.
A estos conductores se les paga actualmente por cada viaje, lo que significa que no tienen derecho a beneficios que incluyen vacaciones pagadas, pensiones o baja por enfermedad.
La compañía con sede en San Francisco ha argumentado anteriormente que "si los conductores fueran clasificados como trabajadores, inevitablemente perderían algo de la libertad y flexibilidad que conlleva ser sus propios jefes" y siempre ha defendido su papel como mero agente que conecta a conductores con pasajeros.
"Hay una arrogancia por parte de Uber que considera que la ley debe adaptarse a su modelo económico y no al contrario. Pero depende de ellos encajar en nuestro orden legal", considera Poggia.
Uber por su parte defiende que fomenta las buenas relaciones con todas las partes interesadas, pero reconoce que el vínculo con el Gobierno de Ginebra no es el mejor:
"Estamos constantemente tratando de relacionarnos de manera constructiva con el concejal de Estado Mauro Poggia, y desafortunadamente no con el éxito que esperábamos. Encontramos que todavía hay malentendidos y conceptos erróneos sobre nuestro modelo de negocio, a pesar de nuestros esfuerzos y compromisos para abordar el problema de manera constructiva", ha dicho el director general de Uber en Francia, Steve Salom.
Uber tiene 30 días para apelar desde que se emitió la orden el pasado día 1 de noviembre. Si apela, se le permitirá continuar con sus actividades hasta que se llegue a un veredicto final.
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