La Comisión Europea asesta un duro golpe a un cártel del sector del automóvil. Bruselas anunció el martes la imposición de multas por valor de 458 millones de euros en total a quince grandes fabricantes y a la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA).
Estos están acusados de participar durante más de 15 años en un cártel para eludir el pago del reciclado de sus coches, según las autoridades, que apuntan a BMW, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Mazda, Opel, Renault/Nissan, Stellantis, Volkswagen, Toyota y Volvo, así como Mercedes-Benz. La firma alemana, sin embargo, se ha librado de una multa de 35 millones de euros por confesar la existencia del cártel a la Unión Europea (UE).
Un pacto para no pagar
El martes 1 de abril, la Comisión Europea anunció que había multado a 15 fabricantes europeos de automóviles con un total de 458 millones de euros por participar en un cártel sobre el reciclaje de vehículos al final de su vida útil durante un periodo de 15 años, entre 2002 y 2017. Fomentar el reciclaje de los coches es también evitar que terminen en África cuando ya no están en condiciones de circular.
En concreto, Volkswagen (127,7 millones de euros), Renault/Nissan (81,5 millones de euros) y Stellantis (74,9 millones de euros) fueron los más multados, mientras que Mercedes-Benz se libró de una multa por delatar la existencia del cártel. Ford (multada con 41,5 millones de euros), BMW (24,6 millones) y Toyota (23,5 millones) también figuran entre los fabricantes multados. En cuanto a la ACEA, como facilitadora de los acuerdos organizando “numerosos contactos y reuniones entre los fabricantes de automóviles implicados”, ha sido multada con 500.000 euros.
Las multas son elevadas en términos absolutos, aunque para muchos fabricantes será sólo una piedra en el camino. El desarrollo de un coche nuevo le cuesta a un fabricante una media de 1.200 millones de euros. Y si hablamos de plataformas, como la MEB eléctrica del Grupo Volkswagen que costó 80.000 millones de euros, una multa de 100 millones de euros no es más que un bache.
En detalle, la investigación demostró que “durante más de 15 años, 16 grandes fabricantes de automóviles y la ACEA celebraron acuerdos contrarios a la competencia y participaron en prácticas concertadas relacionadas con el reciclaje de vehículos al final de su vida útil”.
En concreto, las empresas acusadas compartieron “información sensible [...] sobre sus acuerdos individuales” con las empresas encargadas del desguace de los coches, y acordaron no pagarles. Consideraban que el negocio del desguace ya era suficientemente rentable de por sí y que no necesitaban pagar por ello.
También pretendían “no competir en publicidad sobre el grado de reciclado de sus coches”. Así, acordaron no destacar las cantidades de materiales reciclados empleados en los coches nuevos para evitar que los consumidores tuvieran en cuenta esta información medioambiental en sus decisiones de compra. El objetivo era “limitar la presión” que ejercen los clientes sobre los fabricantes para que vayan más allá de los requisitos legales, subrayó el Ejecutivo europeo.
Estos hechos se extendieron desde el 29 de mayo de 2002 hasta el 4 de septiembre de 2017, según la Comisión. Renault estuvo implicada de principio a fin, al igual que Stellantis, Toyota, Volvo y Opel. Las distintas empresas han reconocido los hechos y han aceptado pagar las consecuencias.
“Hoy hemos tomado medidas firmes contra las empresas que se confabularon para impedir la competencia en el reciclado”, declaró la Comisaria de la Competencia, Teresa Ribera, citada en un comunicado de prensa.
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