Lo que ha hecho Uber en España, y en algún otro país europeo, ha levantado bastante polémica en los últimos días, con opiniones a favor y en contra. Pero no hablaremos aquí tanto de si nos parece bien o mal que exista un servicio como Uber, sino de si es legal o no el servicio tal y cómo lo plantean, al menos en España, en particular con la modalidad UberPOP.
Hay que tener presente que Uber no es una plataforma de coche compartido de tipo ride sharing, como Blablacar, Amovens u otras, en la que se ponen en contacto personas para hacer un viaje juntos en el mismo coche. Uber pone en contacto a una persona con otra que hará de chófer de la primera, como si fuera un taxi o una limusina, a través de una aplicación móvil.
El alquiler de coche con conductor es una actividad regulada
De Uber os hablamos hace no mucho, junto con Cabify, porque ambas son plataformas de servicios de coche con chófer. De hecho Cabify ya llevaba funcionando un tiempo en algunas ciudades de España, sin problemas. El planteamiento inicial es perfectamente legal.
Estas plataformas servían para poner en contacto de manera más rápida y cómoda a través de una aplicación para smartphone, con geolocalización GPS, a un cliente con una empresa de servicio de alquiler de coches con conductor, o lo que es lo mismo, un servicio de taxi premium o limusina, o empresas de ese estilo. Es decir es simplemente un intermediario, no un servicio de transporte como tal.
Como se podía leer en las condiciones de Uber o de Cabify, estas empresas tienen que tener los permisos, licencias y seguros obligatorios que especifiquen las leyes y normativas de cada país para ejercer este servicio.
Este servicio está regulado de acuerdo a una licencia VTC, de vehículos de transporte con conductor. Se limita a una licencia VTC por cada 30 licencias de taxi.
De hecho el planteamiento inicial es tan legal, que incluso los taxistas también tienen sus aplicaciones para pedir un taxi desde el smartphone, como MyTaxi, By-Taxi, Taxible u otras.
El hecho es que en España, que un conductor lleve en su coche, o en el coche de una empresa, a un pasajero, de un punto A a un punto B, y cobre por ello, está regulado como un servicio, requiere de una licencia de actividad profesional, y debe cumplir con unas exigencias mínimas como empresa, como coche y como conductor.
Recordemos que un conductor que vaya a llevar pasajeros de manera profesional (vehículos de transporte público de viajeros) tiene que obtener el permiso de conducción tipo BTP. Del mismo modo el vehículo debe de estar homologado para realizar dicha actividad, y el número de licencia tiene que estar claramente visible dentro del vehículo, por si el cliente quiere proceder a algún tipo de reclamación ante la administración, si no ha quedado conforme con la calidad del servicio prestado.
Y en el fondo la ley de protección de los consumidores, así como otras reglamentaciones de consumo y municipales, regulan y supervisan que esa actividad se realice correctamente. También deben de tener un seguro obligatorio que cubra a los pasajeros en caso de accidente. Y por supuesto el dinero que se mueve en dichas transacciones monetarias debe tributar a hacienda, y el conductor debe estar dado de alta en la seguridad social.
Y todo esto es legal. Punto. No entramos a valorar si puede haber algún taxista que no haga bien su trabajo, o que pueda haber algún taxi sucio, porque como en cualquier profesión puede haber de todo, incluso algún caradura.
Es un servicio por el que se paga
Los servicios de taxi y de limusinas tienen unas determinadas tarifas por el servicio que pueden resultar más o menos caras. Se podría discutir sobre el precio, pero eso no cambia el hecho de que sigue siendo un servicio por el que se paga, que debe ofrecer un mínimo de garantías al consumidor.
Se podría entrar a valorar si podría ser conveniente o no estudiar una reforma de la ley y reglamento que regula el transporte de viajeros con conductor y, por decirlo de alguna manera, no limitar tanto la prestación de este servicio. De hecho el precio y concesión de las licencias de taxi lleva tiempo en entredicho, por ser en algunas ciudades muy elevado.
De nuevo sea como fuere, seguimos en las mismas, debe prevalecer la protección del consumidor frente a una actividad totalmente libre que pueda realizar cualquier persona, incluso sin garantías.
Y aunque se quiera reformar el tema relativo a las licencias, precios o prestación del servicio, la forma correcta y lógica de proceder es reformar la legislación antes de lanzar las empresas, no al revés.
Uber: ¿para qué te haces ilegal?
Cabify ha llevado a cabo su actividad siempre dentro de la legalidad, pues solo pone en contacto a servicios de alquier de coche con conductor con su correspondiente licencia, seguro y demás garantías, con los clientes que piden un coche.
Si Uber al llegar a España hubiera optado por el servicio clásico UberBerline no hubiera habido problema. Pero es que Uber en España decidió comenzar con el servicio UberPop, en el que pone en contacto a un cliente con un conductor particular que le va a llevar en su propio coche de un punto A a un punto B, y va a cobrar por ello. Y eso en España es ilegal, y además no ofrece garantía alguna al cliente. De ahí que las agrupaciones de taxistas hayan catalogado esta acción de Uber como fomentar los "taxi piratas", y con toda la razón.
Y claro, Uber cobra también una parte del servicio en concepto de comisión por cada transporte que se hace, por el trabajo que realiza con la aplicación, con sus servidores y gestionando los cobros y pagos entre el cliente y el conductor. Uber no cobra una cuota de alta o mensual a los usuarios por estar registrados en Uber o por descargar la aplicación, pues eso es gratuito.
De hecho el pago del servicio se realiza a través de tarjeta de crédito, cuyo número se almacena en la cuenta de usuario en Uber que ha abierto el cliente. Ese es el negocio de la empresa, que en principio es totalmente legal si se hiciera siempre conforme a la ley.
Así que este es el problema en el que se ha metido Uber. Incluso aunque no cobrara una comisión que implicara que saca provecho propio como intermediario, y aunque no sea el proveedor del transporte en sí, se quebranta igualmente la legislación vigente, al menos presuntamente, al fomentar que particulares realicen una actividad regulada y cobren por ella cuando no pueden. Y por eso en ciudades como Bruselas el servicio UberPOP se ha prohibido, pero ojo, no Uber, sino solo la modalidad de Uber que no cumple con la legislación. En España las autoridades competentes tienen que dilucidar sobre el asunto sin demora.
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