Una anciana lleva 54 años conduciendo sin carnet, y es el reflejo de una sociedad irresponsable al volante
María Josefa Fernández Bouza tiene 75 años, es gallega, lleva 54 años conduciendo y no tiene carnet. Estas son las cartas de presentación de el caso quizá más curioso y representativo de la España más irresponsable en materia de tráfico.
La situación de María Josefa saltó a los medios el año pasado cuando fue condenada a 32 días de trabajos sociales después de haber tenido el primer accidente en toda una vida al volante y al margen de la legalidad. Un año después y tras la primera sentencia en contra, esta septuagenaria está pendiente de un segundo juicio por otro accidente leve.
Una sociedad cada vez menos respetuosa
"Solo hablaban de las consecuencias del alcohol y las drogas, pero a mí eso no me importa, porque no bebo ni fumo; lo único que quiero es que me den el puñetero cartón", sentenciaba María Josefa tras acatar su primera sentencia, quitando hierro a que lleva desde 1963 conduciendo automóviles sin la licencia prescriptiva y, por lo tanto, sin estar convenientemente asegurada.
María Josefa afirma que se formó en la época franquista para obtener una licencia que aún no era competencia de Tráfico, aprobó el examen pero debido a una depresión sobrevenida tras la muerte de su madre y de su hija se olvidó de recoger su permiso. Después acudió durante dos años (2013 y 2014) a una autoescuela pero no consiguió aprobar la fase teórica.
Obviamente, sin carnet tampoco se puede contratar el correspondiente seguro en el caso de esta mujer, pero la cantidad de vehículos que circulan por nuestras carreteras sin seguro en vigor es alarmante. La DGT estima que aproximadamente 2 millones de vehículos no cuentan con el seguro obligatorio, una actitud tremendamente insolidaria que convierte en más caros los seguros del resto de conductores para que el Consorcio de Compensación de Seguros se haga cargo de sus indemnizaciones en caso de accidente.
El caso de la señora Fernández Bouza no es especialmente preocupante. Si lleva más de medio siglo a los mandos de un coche y sólo ha tenido dos incidentes menores puede restar la importancia que tiene un trasfondo mucho más preocupante. Y es que la sociedad española mira con ojos poco críticos a las exigencias en materia de tráfico a las que todos tenemos que ajustarnos.
El encargado más ilustre de mostrarnos el reflejo más turbio de nuestra sociedad al volante es Ares, o más conocido como "pim, pam, toma Lacasitos" (a.k.a. "viva España, viva el Rey, viva el Orden y la Ley). Saló a la fama en un conocido programa de televisión y volvimos a tener noticias suyas hace poco tras agredir a los agentes de la Guardia Civil que dieron el alto al coche en el que viajaba, ser detenido y acabar multado con 1.620 euros.
Todas estas circunstancias revelan una aparentemente escasa preocupación por parte de las autoridades en lo que se refiere a la Seguridad Vial y en especial a la educación que los conductores reciben a lo largo de su vida al volante.
Una correcta formación vial es la gran ausente
A la hora de conseguir el permiso de conducir B cada candidato debe superar una fase teórica y otra práctica, pero la creencia mayoritaria y la experiencia nos lleva a pensar en un sistema donde las autoescuelas son empresas que se limitan a enseñar cómo superar los exámenes.
Los profesionales de la formación hacen lo que pueden intentando inculcar valores conductuales más allá de las que deberían durar durante toda la vida como usuarios de las vías públicas, unos valores que en su mayoría se esfuman una vez que los conductores han conseguido su licencia y pueden salir a la carretera.
Medidas como la Seguridad Vial como materia obligatoria en las escuelas, la formación continuada, los cursos de reciclaje o algo más que un simple examen psicotécnico para obtener la renovación de las licencias son demandas recurrentes por buena parte de los implicados en la seguridad en las carreteras, pero que parece no calar en unas autoridades más preocupadas por recaudar que por educar.
Conviene recordar algo tan simple como que toda la sociedad, aunque no lleguen a sacarse el carnet de conducir, son usuarios de las vías públicas en algún momento de sus vidas. Peatones que hacen un uso indebido (y cada vez más distraído de las infraestructuras) o ciclistas que interpretan las normas a su conveniencia (cuando quiero soy un vehículo y cuando no un peatón) son ejemplos de una falta de responsabilidad, empatía y conciencia social amparados bajo el paraguas de no exigírseles una formación específica. Pero como reza el dicho jurídico, "el desconocimiento de una norma no exime de su cumplimiento".
Conductores profesionales, la cara más amarga de la conducción
El caso opuesto, el de aquellos conductores profesionales, tampoco es ajeno a la ausencia del correcto cumplimiento de sus obligaciones como conductores. Precisamente unos usuarios de la vía que deberían estar más concienciados que nadie pues su jornada laboral transcurre sobre el asfalto que compartimos todos.
El suceso más representativo es muy reciente y ocurrió a principios de este mismo mes de noviembre. Durante los días 2 y 3 se organizó en la AP-7 en Murcia un dispositivo especial de 24 horas en el que la Guardia Civil en el que se realizaron 235 controles aleatorios. En él se interceptaron un total de 19 camioneros que dieron positivo en sustancias estupefacientes (cocaína y cannabis).
La sanción por conducir bajo los efectos de sustancias prohibidas está tipificada como grave conlleva una multa económica de 1.000 euros y la retirada de seis puntos en el carnet de conducir, pero eso casi es lo de menos.
El "no pasa nada, conduzco mejor así" o el "yo controlo" es especialmente preocupante en el sector profesional. Un sector donde la seguridad debería ser lo más importante y en el que podemos encontrar situaciones tan irresponsables como el conductor que acabó despedido por Trasportes Sésé tras las maniobras temerarias que hicieron arder internet con el vídeo anterior.
Aún más lamentable fue el suceso ocurrido a principios de 2017 en el que un autobús escolar volcó en la carretera M-506. 21 de los 44 niños que viajaban en su interior resultaron heridos como consecuencia de una actitud altamente irresponsable de manos del conductor de 34 años, quien circulaba a una velocidad excesiva y dio positivo en cocaína tras el accidente.
Según datos de la DGT, el 12% de los conductores sometidos durante 2015 a control y el 43% de los fallecidos en carretera dieron positivo bien en sustancias estupefacientes, alcohol o ambas al mismo tiempo, pero esta cifra va en incremento a medida que la actividad económica aumenta y con ella los desplazamientos por carretera.
Tanto es así que los controles aleatorios en carretera arrojan unas cifras alarmantes, llegando a superar los positivos en drogas a los positivos en alcoholemia. En la campaña especial de verano realizada entre el 5 y el 11 de junio de 2017 se realizaron 1.959 test de drogas de los que un 33,5% fueron positivas frente a 1.626 positivos en alcoholemia.
La solución está en la base, en la formación
Sería muy aventurado afirmar que a través de unos programas bien estructurados de formación que abarquen desde la etapa escolar hasta la fase profesional (para aquellos conductores que tomen la conducción como su trabajo) pasando por una educación ajustada a la realidad en las autoescuelas podría eliminar esta falta de compromiso con la Seguridad Vial, pero sí que atajaría buena parte de los comportamientos inadecuados.
Instruir genera muchos más beneficios a largo plazo que reprimir, empezando por conductas más saludables al volante y terminando por una reducción en el número de fallecidos, así como de la carga que supone para la sanidad pública atender a los heridos en accidentes de tráfico y terminando, incluso, por una reducción en los atascos.
Los controles preventivos de alcohol y drogas tienen un carácter meramente sancionador, no educador, exactamente en el mismo sentido que actúan los radares de velocidad que en 2016 recaudaron la friolera de 164.206.233,66 euros (muchos más que los 129 de 2014 y 127 de 2015). Unas sanciones con las que en la mayoría de los casos los multados no aprenden la lección, ni siquiera pasan el mal rato de ser parados en un control y simplemente reciben una carta en sus domicilios.
La visión cortoplacista lleva a las autoridades en general y la DGT en particular a parecer mucho más preocupadas por seguir recaudando por la vía rápida, incluso presionando a los agentes para que pongan más multas para recibir todo su sueldo. Y para ejemplo un botón con los 860.000 euros que se ha gastado la Dirección General de Tráfico en 60 nuevos cinemómetros láser para dotar a los motoristas de la Guardia Civil. Pero ahí difícilmente encontraremos una solución a nuestros problemas en carretera.
