Desde que explotara el peor escándalo en materia de seguridad de la industria automovilística (sin desestimar los airbags de Takata o el Pedalgate de Toyota), General Motors ha ido saldando cuentas a lo largo de los años a regañadientes. El caso de los bombines defectuosos se ha relacionado con un total de 124 muertes y 2,6 millones de vehículos retirados por un fallo en el interruptor del dispositivo de arranque.
Pensábamos que en octubre el pago de otros 120 millones de dólares daría carpetazo a este oscuro capítulo en la historia del gigante de Detroit, pero el juicio de tres días que se está celebrando en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos en Nueva York dice lo contrario.
Un litigio que amenaza con eternizarse
Según informa Reuters, el fabricante de automóviles presentó ayer su defensa en el que será el primer día de tres de un juicio en Nueva York para determinar la validez de un acuerdo. Los afectados dijeron que alcanzaron dicho acuerdo en agosto con un fideicomiso que retiene muchos pasivos de General Motors: el Viejo General Motors o Motors Liquidation Company (MLC).
Los abogados de los propietarios afirman que esta entidad acordó compensar a las víctimas, pero al parecer el gigante de Detroit y MLC cancelaron el acuerdo, afirmando que el trato con los propietarios nunca se llegó a firmar. Dicho trato incluía que el fideicomiso aceptara 10.000 millones de dólares en reclamos para resolver alrededor de 11,9 millones de denuncias por pérdidas económicas y entre 400 y 500 demandas por lesiones y muertes por negligencia.
En 2014, General Motors se vio forzada a llamar a revisión a 2,6 millones de vehículos tras reconocer que un defecto en el sistema de encendido podía causar la parada de su motor.
El juez del Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos ha señalado que General Motors tiene interés en disolver cualquier acuerdo que le exija pagar más, observación bastante obvia.
Así que tenemos por un lado a las víctimas, alegando que tanto General Motors como el fideicomiso han actuado de mala fe, y por otro al fabricante, que ya ha pagado un total de 2.500 millones de dólares para resolver reclamaciones relacionadas con los bombines defectuosos y que no quiere seguir pagando.
Recordemos que los bombines afectados permitían que la llave de contacto girara libremente en modelos anteriores a 2009. Consecuentemente, los circuitos asociados se desconectaban, y si el coche se encontraba en movimiento podía poner en serio peligro a los ocupantes y al resto de conductores, ya que el motor se paraba y los airbags quedaban desconectados.
El interruptor de encendido defectuoso se utilizó en los Chevrolet Cobalt y Saturn Ion que General Motors comenzó a fabricar en 2002 y 2003.
Entre hoy y mañana tendrá lugar el juicio que determinará la validez de este polémico acuerdo, cuyos términos se contradicen entre las dos partes.
La oscura empresa que nació tras la bancarrota
En junio de 2009 General Motors se declaró en bancarrota, presentando su propia petición de quiebra en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Surgió así una nueva General Motors y una vieja General Motors, que sería primero una entidad corporativa para convertirse después en un oscuro fideicomiso diseñado para saldar deudas y reclamos del enorme colapso financiero de la compañía.
Con la ayuda de un rescate gubernamental de 50.000 millones de dólares en 2009, General Motors salió del proceso de bancarrota como una empresa renovada. Fue la mayor suspensión de pagos en la industria de Estados Unidos, con el por entonces presidente Barack Obama defendiendo la intervención estatal para evitar un desastre financiero en Estados Unidos.
Tal y como comunicaba oficialmente el gigante de Detroit en 2009, la estructura accionaria de la nueva General Motors se conformaría así:
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos: 60,8 %.
El Fideicomiso de Beneficios Médicos y de Jubilados de la UAW (Retiree Medical Benefits Trust): 17,5 %.
Los gobiernos de Canadá y Ontario: 11,7 %.
La vieja General Motors: 10 %.
Mientras tanto, el viejo General Motors, oficialmente llamado Motors Liquidation Company (MLC), tenía la tarea de vender fábricas y otros activos sobrantes para compensar a legiones de acreedores. Entre ellos, una fábrica en Pontiac, Michigan, que durante un tiempo se convirtió en un estudio de cine; otra planta en Wilmington, Delaware y docenas de propiedades repartidas por el Medio Oeste.
Sin embargo, el esperado renacimiento del gigante se vio truncado por el peor escándalo de seguridad en la industria automotriz.
Desde entonces, el fideicomiso ha negociado un acuerdo con las víctimas que en agosto ya parecía estar bastante claro: tanto General Motors como MLC están de acuerdo en no seguir pagando a los afectados.
Algunos casos se desestimaron porque se encontraron choques que se relacionaron con otras causas, como conducir bajo la influencia del alcohol o que tuvieron otros factores. Pero las víctimas continuarán exigiendo una compensación a un gigante que ya anda con pies de barro.
