Volkswagen se encuentra inmerso en un importante juicio en Braunschweig, Alemania, que le enfrenta a más de 2.000 inversores. Parte del accionariado lo conforman poderosos fondos de inversión, que buscan una compensación de nada menos que 9.200 millones de euros por no haber sido informados antes de las consecuencias que el Dieselgate iba a provocar en el mercado.
Según la legislación alemana, los miembros de una empresa con acciones que cotizan en bolsa están obligados a advertir a los accionistas sobre los riesgos que pueden afectar al precio de la acción, pero la parte demandante tendrá que probar que Volkswagen actuó negligentemente.
Otra guerra contra la que lidiar: la de los accionistas
Los accionistas del consorcio alemán representan un total de 1.670 reclamaciones. En declaraciones recogidas por Reuters, un abogado de los demandantes ha explicado al tribunal superior de Braunschweig que "Volkswagen debería haberle dicho al mercado que hicieron trampa y generaron un riesgo que valía miles de millones".
A key lawsuit begins today in Braunschweig as VW shareholders claim they were deceived over Dieselgate, giving rise to losses of €9 billion. The carmaker insists they were fairly informed. https://t.co/wYhAgwapfk #diesel #dieselgate #emissions #environment #Germany pic.twitter.com/o2L55yGwoJ
— Handelsblatt Global (@HandelsblattGE) 10 de septiembre de 2018
Los demandantes argumentan que compraron acciones antes de que el escándalo saliera a la luz a un precio inflado, ya que la empresa sabía sobre la falsificación y los riesgos asociados, pero los ocultó deliberadamente. Según informa la cabecera alemana Handelsblatt, el principal demandante es Deka Investments, el fondo de gestión de activos de la red de cajas de ahorros Sparkasse de Alemania.
A German court will begin hearing evidence Monday in a $10 billion lawsuit by Volkswagen shareholders. For at least one hedge fund, it's a chance to settle old scores. https://t.co/XDTCZK6pl4
— New York Times World (@nytimesworld) 9 de septiembre de 2018
Para los accionistas, junio de 2008 debería haber sido la fecha límite para comunicar que Volkswagen "no podía fabricar la tecnología que necesitaban en Estados Unidos", de forma que se hubiera podido evitar el impacto financiero del escándalo y la pérdida de valor en sus participaciones.
El engaño, que fue comunicado por la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA) el 18 de septiembre de 2015, provocó una caída del valor en Bolsa del 37 % durante los días posteriores. Y las acciones aún no se han recuperado del todo.
Por su parte, el abogado de Volkswagen, Markus Pfueller, ha defendido ante el tribunal que la compañía, que por entonces tenía al frente a Herbert Diess y a Hans Dieter Poetsch, cumplió con sus obligaciones de divulgación y que no podían haber predicho el astronómico coste que les iba a suponer el escándalo.
La compañía señala que cuando estalló el Dieselgate, las autoridades ambientales estadounidenses no habían multado a ninguna compañía con más de 100 millones de dólares previamente, una suma relativamente insignificante para una empresa con ingresos anuales de más de 200.000 millones de euros y una cantidad demasiado pequeña como para afectar el precio de las acciones.
Una vez que la EPA sancionó al consorcio con 4.300 millones, la compañía sí hizo partícipes a los accionistas de los riesgos.
Se trata de un litigio que, dada su complejidad, no verá su fin hasta el próximo año, previsiblemente. Sin embargo será interesante que altos ejecutivos de la firma puedan testificar en audiencia pública acerca de los orígenes del escándalo.
Según informa The New York Times, hay aproximadamente unos 4.000 accionistas que han presentado demandas en varios tribunales alemanes. El resultado de ese juicio sentará un precedente para los demás.
