El Gobierno obligará a los municipios del país con más de 50.000 habitantes a imponer una Zona de Bajas Emisiones, al estilo de Madrid Central, con restricciones al tráfico rodado más contaminante, según ha anunciado este martes Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Declarando el estado de Emergencia Climática en nuestro país, el Ejecutivo ha incluido esta medida dentro de un paquete de 30 iniciativas 'verdes', un proyecto de Ley de Cambio Climático que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez tiene previsto enviar al Congreso antes de que se cumplan los primeros 100 días de mandato para su intento de posterior aprobación.
La réplica de la zona de bajas emisiones ya se contemplaba en el Anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, pero dicho escrito, que nunca llegó a la Cámara ante la inestabilidad política, abogaba por "fomentar" la introducción de zonas bajas de emisiones; ahora, en cambio, se habla de "obligación".
Respecto a la entrada en vigor, el documento concretaba 2023 como fecha límite, pero Ribera no ha matizado si se mantendrá dicho año como tope, se extenderá el plazo, o si el plan se acelerará.
¿En qué se traduce un gran Área de Prioridad Residencial (APR)? En el caso de que se trate de una iteración exacta de Madrid Central, esto se materializaría en la prohibición de circulación a vehículos sin etiqueta (aunque Madrid Central tiene una serie de excepciones) así como atar en corto a los de combustión (con etiqueta C o B): en el caso de la zona de bajas emisiones madrileñas, sólo pueden acceder si van directos a estacionar en un parking público.
Además, el 1 de enero este año, se eliminaron las excepciones para los coches sin etiqueta medioambiental, conocidos como 'A', de modo que ya no pueden acceder a dicha zona bajo ningún concepto ni aparcar en las zonas SER.
No se prohibirá la venta de coches de combustión en 2040
Otro punto reseñable que se ha tratado en el Consejo de Ministros es el relativo a la prohibición de la venta de coches nuevos de combustión para 2040. Tras el titubeo del Gobierno en varias ocasiones, finalmente se ceñirá "a rajatabla" al objetivo de la Unión Europea (UE), que marca 2050 como año para alcanzar la neutralidad climática "a más tardar", suavizando definitivamente el plan inicial tal y como anticipó el grupo socialista en su 'Propuesta abierta para un programa común progresista'.
A partir de ese momento, toda la energía consumida por el país tendrá que proceder de fuentes "100% renovables" y no se podrá emitir más CO₂ del que sea capaz de absorber si se quiere cumplir con el compromiso internacional.
Por otra parte, Ribera ha ratificado que el Gobierno está estudiando las figuras fiscales con el objetivo de eliminar las subvenciones e incentivos existentes a los combustibles fósiles. "En línea con nuestro compromiso con el G20, no habrá nuevos subsidios a combustibles fósiles y revisará los que ya existen".
Sin dar más detalles, María Jesús Montero, portavoz del Gobierno y también ministra de Hacienda, ha añadido por su parte que existen “figuras fiscales que no tienen afán recaudatorio, pero son disuasorias de comportamientos perjudiciales" e "incentivos fiscales que puede acoger el sistema para impulsar la transformación del sector productivo español". No contempla, en cualquier caso, la subida de impuestos al diésel.
"Tenemos que ser más rápidos y ambiciosos" en la lucha contra el cambio climático, ha apuntado Ribera. Pero no solo eso, "también hay que hacer un esfuerzo para que nadie se quede atrás", advirtió la vicepresidenta del Gobierno.
Finalmente, el Ministerio creará también una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, cuyo cometido principal será "incorporar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en materia de cambio climático". Esta Asamblea tendrá una composición equilibrada de hombres y mujeres y también contará con representación de los jóvenes.
En la actualidad, en nuestro país existen 8.131 municipios españoles y 148 tienen más de 50.000 habitantes, por lo que, si finalmente se aprueban estas medidas, serán los afectados y sumarán sus futuras áreas de bajas emisiones las de Madrid y Barcelona a fin de revertir una contaminación que ya le ha costado a España la denuncia por parte de Bruselas.
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