El pasado 1 de septiembre de 2021 se levantaron las barreras de cuatro autopistas de peaje españolas, entre las que se encontraban dos tramos de la AP-7: Salou (Tarragona) - La Jonquera (Gerona) y Montmeló - el Papiol (Barcelona).
Pero nada es gratis, y en este juego las concesionarias nunca pierden. Por eso, el Gobierno tendrá que pagar a la titular de la autopista, que es ACESA (Abertis), 1.069,9 millones de euros.
Nos quedan muchas facturas pendientes a las concesionarias
Según ha comunicado el Ministerio de Transportes, tras el fin de la concesión el 31 de agosto de 2021, se calculó el Saldo de Compensación de Liquidación para la concesionaria, quedando fijado en casi 1.070 millones de euros.
De ellos, 505,5 millones de euros corresponden a la inversión ejecutada, 143,5 millones de euros corresponden al efecto impositivo, y el resto a la capitalización del saldo de compensación.
Dicha inversión por parte de ACESA recae en varias obras de ampliación debido al aumento del tráfico allá por 2006 y a la implantación de un sistema de peaje cerrado en el tramo Martorell-Vilaseca/Salou.
Como la empresa concesionaria no logró alcanzar el nivel de tráfico y de ingresos acordados (y además no se le alargó el periodo de concesión), ha reclamado la compensación que el Gobierno le prometió por entonces.
El pago tendrá que hacerse antes de termine este mes de febrero, y aunque la cifra es bastante alta, contrasta con los 4.200 millones de euros que pedía ACESA por las inversiones realizadas y por los descuentos en el peaje que la compañía realizó en el tramo de la AP-7 que discurre entre Tarragona-Barcelona y Barcelona-La Junquera.
Mientras tanto, la factura de las nueve autopistas de peaje rescatadas por el Gobierno seguirá subiendo después de que el Tribunal Supremo haya estimado parcialmente siete recursos de las concesionarias. Así, los 3.305 millones de euros que se fijaron en su día como máximo ahora podrían llegar a dispararse, según los cálculos de los acreedores.
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