Emanuele Palma es el siguiente nombre de la lista en la persecución legal del Dieselgate, tras conocerse la multa impuesta a Daimler en Alemania y las acusaciones de la fiscalía hacia Volkswagen en el mismo país. Palma es un alto cargo de Fiat Chrysler (FCA) y ha sido detenido por el FBI en Bloomfield Hills, Michigan (Estados Unidos), a cuenta del fraude de las emisiones detectadas en miles de coches diésel de Norteamérica.
Sobre Palma pesa una acusación formulada por un gran jurado, que a lo largo de 39 páginas describe los actos que entiende constitutivos de delito. Ahora, el directivo de FCA permanece bajo custodia y deberá ser juzgado.
Entre los cargos que se le imputan están la conspiración para cometer fraude electrónico, la violación de la Ley de Aire Limpio y la comunicación de falsedades acerca del control de emisiones que utilizaban los coches diésel de FCA en Estados Unidos.
La relación de Fiat Chrysler con el Dieselgate
Según la Agencia de Protección del Medioambiente de Estados Unidos, el software ilegal que se ha detectado en el escándalo Dieselgate provoca un incremento de las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) de los vehículos afectados.
Los fabricantes de automóviles pueden instalar legalmente un software o un sistema que les permita emitir más de lo establecido en determinadas situaciones, con el fin de proteger el motor, siempre y cuando se lo notifique a la agencia de certificación. Según las acusaciones, FCA nunca declaró la existencia de este supuesto software.
El pasado mes de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó multas civiles "sustanciales" a FCA después de que el gobierno acusara a la compañía de usar un software que generó excesos de emisiones en sus vehículos diésel.
Los modelos afectados por el dieselgate de FCA fueron el Dodge Ram 1500 y el Jeep Grand Cherokee vendidos en Estados Unidos entre los años 2014 y 2016. En total, 104.000 vehículos diésel de estos dos modelos tuvieron que ser llamados a fábrica para ser rectificados por este motivo.
Fiat Chrysler pagó 800 millones de dólares (unos 728 millones de euros) para resolver esas reclamaciones, y ya en abril añadió el pago de 110 millones de dólares (unos 100 millones de euros) para liquidar una demanda abierta por sus propios inversores, que en 2015 acusaron a FCA de haberlos engañado.
Según la demanda presentada, FCA había explicado a sus inversores que estaba cumpliendo con la legislación vigente. Además, la automovilística les comunicó unas provisiones menores de las reales en relación con el coste de las llamadas a revisión necesarias para subsanar los problemas de los vehículos afectados.
Las llamadas a revisión fueron otro foco de problema para FCA. La compañía tuvo que pagar una multa de 105 millones de dólares (95 millones de euros) por no haber realizado completamente un total de 23 llamadas a revisión que afectaban a 11 millones de vehículos. FCA también tuvo que realizar campañas informativas y recomprar miles de vehículos con ocasión del Dieselgate.
