Desde que se destapara en 2015, Volkswagen sigue pagando por el Diesegalte. La última sentencia obliga al consorcio alemán a pagar 226 millones de euros a unos 91.000 conductores británicos como parte de un acuerdo extrajudicial.
También Fiat (ahora Stellantis) ha alcanzado un acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU para zanjar su investigación en el marco del Dieselgate: se ha declarado culpable y ha aceptado pagar 281 millones de euros.
Según recoge Reuters, Volkswagen ha pedido perdón a sus clientes en Inglaterra y Gales: "El acuerdo es otro hito importante a medida que el Grupo Volkswagen continúa superando los eventos profundamente lamentables que condujeron a septiembre de 2015", ha dicho Philip Haarmann, director legal de Volkswagen, en un comunicado.
A pesar de las declaraciones, la compañía precisa que su pago no implica admisión de responsabilidad, sino que es "la acción más prudente desde el punto de vista comercial". El acuerdo evita que el proceso legal se alargue y que el fabricante alemán tenga que asumir los costos de los juicios.
Fiat Chrysler ha tomado el mismo camino y ha decidido declararse culpable de conducta delictiva para zanjar el escándalo del Dieselgate en EEUU: en concreto se declara culpable de un cargo de conspiración criminal por falsear los datos de emisiones de más de 100.000 modelos Ram y Jeep fabricados entre 2014 y 2016.
Ya en octubre de 2020 tuvo que pagar 8,2 millones de euros para suprimir los cargos vinculados a las informaciones incorrectas derivadas de una auditoría interna sobre sus sistemas de control de emisiones.
Volkswagen ha admitido que alrededor de 11 millones de automóviles diésel en todo el mundo, y 1,2 millones en Gran Bretaña, estaban equipados con un software de desactivación que maquillaba las emisiones NOx en banco de pruebas, de forma que las que el vehículo emitía en condiciones reales eran mucho más altas.
El escándalo le ha costado unos 30.000 millones de euros entre indemnizaciones, multas y acuerdos extrajudiciales para no alargar el caso.
En España ha pasado sin pena ni gloria
En España las consecuencias para el consorcio alemán han sido escasas. En 2021 el Tribunal Supremo atribuyó la responsabilidad que como fabricante tenía en el dispositivo ilegal de control de emisiones en motores diésel, por lo que tendrá que pagar 500 euros a un cliente afectado.
A pesar de que el caso pasó a manos de la justicia alemana, los afectados españoles tienen un plazo de cinco años extra para iniciar acciones legales.
La indemnización, aunque poco probable, podría ascender a 3.000 euros por usuario.
España ha sido uno de los países donde el Dieselgate ha pasado más desapercibido, hasta el punto de que la DGT llegó a enviar notificaciones a los afectados para que acudieran a un centro oficial para modificar el software instalado de cara a la ITV, sin advertir de que además tenían derecho a ser compensados.
Desde la Audiencia Nacional se ha reconocido una falta de transparencia por parte del Ministerio del Interior a la hora de informar de los procedimientos legales.
