En el verano de 2018, el Gobierno en funciones anunció que 2019 sería el principio del fin de años de reprivatizaciones de muchas autopistas de peaje en España. La primera en ser liberalizada fue la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava) en diciembre de 2018, a la que seguirán la AP-7 entre Alicante y Tarragona y la AP-4 entre Sevilla y Cádiz en 2020.
Esta última tiene los días contados, literalmente. Su concesionaria, Aumar, ya ha enviado a los ayuntamientos de Sevilla una carta en la que confirma que el 1 de enero de 2020 finaliza su contrato concesional y pasa a manos del Estado.
Contando los días para el 31 de diciembre
En la carta, publicada por La Voz del Sur, Aumar (filial de Abertis) explica que a partir de esa fecha la titularidad de la autopista de peaje revertirá al Ministerio de Fomento, "especialmente a efectos de que consideren esta nueva circunstancia en impuestos, tasas, vías municipales y otros conceptos vinculados a la autopista que puedan ser competencia de este Consistorio".
En este sentido, el Gobierno aseguró hace unos meses que levantar las barreras de este peaje no conllevaría "costes adicionales" y que "facilitará el contacto con el resto del territorio para fomentar las inversiones".
En paralelo, Fomento gestiona nueve autopistas de peaje que quebraron y cuyo rescate nos ha costado miles de millones de euros: las radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5, la M-12 (Eje Aeropuerto), la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-41 (Madrid-Toledo), la AP-7 (Cartagena-Vera) y la Circunvalación de Alicante.
Lo cierto es que el fin de la AP-4, de 85,9 km y cuyo uso tiene un coste de 7,45 euros, ha sido una demanda histórica de entidades sociales y organizaciones empresariales. En la página web de la Confederación de Empresarios de Cádiz se puede ver desde hace meses una cuenta atrás para celebrar el fin de un peaje interminable que se inició con el franquismo.
Inaugurada en su totalidad en 1972, fue la primera autopista de peaje construida en el sur de España y su concesión se ha ido prorrogando durante décadas desde entonces.
Respecto a la concesión de las tres autopistas restantes, que son la AP-7 Zaragoza-Mediterráneo, la AP-2 Tarragona-La Jonquera y la AP-7 Montmeló-El Papiol, su fin está programado para 2021.
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