A finales de los años 90, varios fabricantes de motores diésel y camiones, entre ellos Mack, Volvo Trucks, Renault Trucks y Caterpillar fueron condenados en Estados Unidos por haber instalado software ilegal que escondía las emisiones reales de óxidos de nitrógeno NOx y CO2 de sus camiones. Casi 20 años después, Volkswagen y otros fabricantes de coches fueron condenados por la misma razón. Y más recientemente, Hino, una filial de Toyota, fue condenada a una multa de 1.600 millones de dólares por trucar las emisiones de sus camiones.
Esconder lo que realmente emite un vehículo no es sólo una cuestión de grandes corporaciones, también de pequeñas compañías de transporte. Un empresario anuló los sistemas anticontaminación de su flota de camiones diésel “para ahorrar en costes de combustible” y ha sido condenado a nueve años de cárcel por ello.
Anular el DPF y el EGR para supuestamente ahorrar combustible
Todo empezó en 2020, con la pandemia de COVID-19. El supuesto empresario, Christopher Lee Carroll, tenía ya un historial de condenas por fraude. Pero eso no fue un impedimento para tener una empresa de liquidación y gestión de empresas con un socio.
A través de esa empresa presentaron una solicitud de préstamo de 1,2 millones de dólares del Paycheck Protection Program (PPP), las ayudas federales para empresas durante la pandemia.
Afirmaron falsamente que sus respectivos cónyuges eran propietarios de la empresa para ocultar el hecho de que Carroll era un delincuente en libertad condicional. La solicitud de préstamo fue aprobada, pero Carroll utilizó el dinero para crear una empresa de transporte llamada Whiskey Dix, en lugar de usar ese dinero para pagar las nóminas y los seguros médicos de sus empleados en paro a causa de la pandemia.
Con la empresa establecida, dijo el fiscal, Carroll y Reed solicitaron la condonación del préstamo, “alegando que habían gastado el dinero en nóminas y otros gastos permitidos”.
Curiosamente, se les perdonó el préstamo así que solicitaron un segundo préstamo, de 1,6 millones de dólares esta vez. Fue aprobado y tomaron para ellos mismos 660.000 dólares en concepto de compensación salarial. Los cargos por trucar las emisiones de los camiones se deben al plan de Carroll de desactivar los sistemas anticontaminación para supuestamente mejorar el consumo de sus camiones.
Existe actualmente en Estados Unidos todo un mercado, ilegal, de sistemas y parches de software que permiten anular los sistemas anticontaminación de los vehículos diésel, como los filtros de partículas (DPF) y la recirculación de gases de escape (EGR) que permite reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno, o NOx. El objetivo que persiguen los clientes es evitar futuros mantenimientos costosos y mejorar la eficiencia de sus vehículos, es decir, conseguir que gasten menos.
Anular el sistema EGR, pro ejemplo, no hace que un vehículo vaya a gastar necesariamente menos. En algunos casos, una combustión más caliente, debida a la ausencia de recirculación de los gases, puede provocar un aumento del consumo de carburante si el motor no se reprograma correctamente.
Además, sin la válvula EGR, el motor está más expuesto a una rápida obstrucción, especialmente en los conductos de admisión y los inyectores. Esto puede reducir la eficiencia global a largo plazo y anular las supuestas ganancias iniciales en el consumo de combustible.
Cuando empezaron a aparecer problemas legales, Carroll pidió a un empleado que “asumiera la culpa” de sus delitos y amenazó con dejar de pagar el abogado de otro empleado si hablaba con los agentes federales, según el tribunal. Cumplió su amenaza.
También tendrá que cumplir con la restitución de los tres millones de dólares que recibió en préstamos federales y fue condenado a 108 meses (nueve años) de cárcel.
Fotos | Cotton Bro Studio y 500photos
