El pasado 5 de octubre, las acciones de Nissan caían en picado. Y es que unos días antes, el fabricante nipón decidía anunciar irregularidades detectadas por el Ministerio de Transporte de Japón durante inspecciones en sus fábricas. Esto provocó la llamada a revisión de 1,21 millones de unidades fabricadas entre 2014 y 2017, incluido el LEAF, el Note y el Skyline.
Tras reconocer que habían tenido lugar inspecciones irregulares en sus fábricas, el 29 de septiembre Nissan suspendía temporalmente nuevos registros de vehículos en Japón y en octubre suspendía toda la producción destinada al mercado local. Ahora parece que las aguas se han calmado y ha reanudado la producción nacional en cinco de sus seis fábricas niponas. Subaru también se ha visto envuelto en el escándalo, reconociendo que llevaron a cabo inspecciones irregulares durante tres décadas.
Kioto en 'stand by'
Nissan decidió en octubre suspender la producción de vehículos para el mercado japonés en todas las plantas Nissan y Nissan Shatai en Japón; inspectores junior realizaron tareas que no estaban certificados para hacer. Entre el 1 y el 5 de noviembre, el Ministerio de Transporte inspeccionó las fábricas de Nissan, a excepción de la planta en Kioto de su subsidiaria Nissan Shatai, y aprobó las correcciones y medidas preventivas adoptadas.
La inspección de la planta de Kioto se realizó al margen de las otras y aún no ha obtenido la aprobación del Ministerio, pero en las otras cinco ya se han reanudado tanto la producción como el envío de vehículos, tal y como ha anunciado Nissan en un comunicado.
Entre las medidas correctivas se encuentra la formación interna entre los empleados, para que "entiendan que la inspección final del vehículo es una tarea importante encomendada por el gobierno japonés, y promueva esta conciencia a través de carteles, áreas designadas, uniformes, etc". El escándalo ha hundido las ventas de Nissan en Japón; se estima que en octubre cayeron en torno al 50 %.
Una retrospectiva del escándalo
La llamada a revisión masiva que tuvo que llevar a cabo el gigante japonés en octubre vino acompañada por la confesión del presidente, Hiroto Saikawa, de que "inspectores junior realizaron tareas que no estaban certificados para hacer". Calificaba el problema como "muy serio" y calculaba que les iba a costar alrededor de 222 millones de dólares.
Y es que a finales de septiembre, el fabricante nipón decidía anunciar dichas irregularidades después de que fueran detectadas por el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Turismo y Transporte de Japón durante inspecciones en sus fábricas. Tal y como anunciaba a través de un comunicado, "en el proceso final de inspección de vehículos, ciertos técnicos no registraron debidamente las tareas para cumplir con los procesos propios de Nissan".
La llamada a revisión de 1,2 millones de vehículos en Japón afectaba además a unos 34.000 vehículos distribuidos en plantas y concesionarios a la espera de ser comercializados (vehículos producidos entre el 20 de septiembre y el 18 de octubre de 2017), y entre los que se incluían el LEAF, el Note y el Skyline.
Nissan tomó medidas correctivas en las plantas de producción japonesas, pero el 18 de octubre, un equipo de investigación (dirigido por un tercero independiente) descubrió que en sus plantas Oppama, Tochigi y Nissan Kyushu, ciertas partes del proceso de inspección final seguían realizándose por técnicos que no estaban debidamente acreditados para realizar esas tareas para los vehículos. No tenían ningún control del problema por entonces.
La normativa japonesa establece que los únicos que pueden dar el visto bueno a los vehículos que van a ser comercializados en el mercado japonés son inspectores certificados y previamente registrados en el sistema aprobado por el Ministerio de Transporte de Japón.
Subaru, también en el ajo durante décadas
El fabricante japonés Subaru también fue investigado por el Ministerio de Transporte a finales de octubre después de que revelaran controles inapropiados de la misma naturaleza que los de Nissan. La firma nipona ha reconocido que trabajadores no certificados han estado llevando a cabo inspecciones finales de sus automóviles infringiendo las regulaciones gubernamentales durante más de tres décadas.
"Usamos el mismo proceso durante más de 30 años sin darnos cuenta de que no cumplía con los requisitos del ministerio", dijo el director general, Yasuyuki Yoshinaga, en una conferencia de prensa a la que asistió Reuters.
El Ministerio inspeccionó la planta principal de Subaru y su planta Yajima en la prefectura de Gunma, al noroeste de Tokio, para identificar las razones detrás de 30 años de controles inapropiados. El fabricante se está preparando para retirar unos 255.000 automóviles en Japón a finales de este mes, informa Japan Times. El retiro probablemente cubrirá 10 modelos que se producen y venden en Japón, incluidos el Impreza y el Toyota 86, que Subaru fabrica por contrato.
No será gratis; se estima que le costará alrededor de 43,9 millones de dólares, amén del impacto en la reputación que se ha labrado como líder en seguridad gracias a la tecnología EyeSight.
El escándalo de Nissan y Subaru se une al de Kobe Steel: se estima que se han falsificado estudios sobre su producción de aluminio y cobre durante los últimos 10 años, afectando aproximadamente a 500 compañías de todo el mundo. ¿Cómo se recuperará la industria automovilística japonesa de este tremendo batacazo?
