En mayo de 2017, la Fiscalía alemana inició una investigación en el marco del Dieselgate para averiguar si Volkswagen ocultó intencionadamente al mercado financiero en 2015 el alcance del escándalo para evitar pérdidas accionariales y un consecuente daño a su cotización.
Los investigados fueron el que fuera CEO de la firma, Matthias Müller, junto a su antecesor, Martin Winterkorn, y ahora se unen los dos principales líderes del Grupo alemán: el CEO, Herbert Diess y el presidente, Hans Dieter Poetsch.
La respuesta de Volkswagen: son "acusaciones infundadas"
Según ha explicado en un comunicado la Fiscalía de Brunswick, los ejecutivos de las compañías que cotizan en bolsa están obligados a anunciar públicamente eventos relacionados con los precios, como riesgos financieros significativos, tan pronto como se den a conocer, de forma que los accionistas puedan reaccionar a la situación de la empresa.
Algo que según la acusación, Volkswagen no hizo en el momento oportuno para no verse perjudicado en bolsa, llevando a cabo el anuncio "demasiado tarde":
"La parte acusada era consciente de las considerables consecuencias financieras derivadas de la naturaleza de la cuestión y tendrían que haber informado al mercado de capitales. Sin embargo, se habrían abstenido consciente e intencionalmente del anuncio ad hoc requerido para mantener el precio bursátil de las acciones de Volkswagen en el nivel actual y evitar pérdidas".
El consorcio alemán ha respondido que "las acusaciones carecen de fundamento" y confía en que cumplió con todas las obligaciones según la ley de mercados de capitales. Según explica Autonews Europe, los abogados de Diess aseguran que mantendrá su rol como CEO y continuará defendiéndose con todos los medios legales.
A pesar de que la instalación de un software ilegal se llevó a cabo en 2007, no fue hasta 2015 cuando la compañía admitió que utilizó este dispositivo en 11 millones de vehículos diésel para engañar en las pruebas de emisiones.
Hasta el momento, el Grupo Volkswagen ha pagado alrededor de 30.000 millones de euros en multas y otros gastos, y ahora se encuentra sumido en un proceso de cambio y de lavado de imagen que gira en torno al coche eléctrico.
Pendiente una demanda civil colectiva de 9.000 millones de euros por daños y perjuicios
Este caso penal no augura un buen presagio para Volkswagen y la demanda civil de inversores que tiene pendiente. El fabricante de Wolfsburgo se enfrenta a una demanda colectiva de algunos de sus accionistas que buscan obtener más de 9.000 millones de euros en daños por las mismas acusaciones que hace la fiscalía de Braunschweig.
Volkswagen ya ha destinado 5.500 millones de euros de su presupuesto a asuntos relacionados con el Dieselgate y 3.400 millones de euros están destinados a las demandas de los inversores. Al mismo tiempo, Volkswagen añadió una provisión de 1.000 millones de euros para costos legales.
El Tribunal Regional de Braunschweig decidirá ahora si hay indicios suficientes para llevar a juicio los tres ejecutivos. En un asunto complejo como este, es un procedimiento que sin duda llevará meses. Si finalmente hubiera indicios suficientes y los abogados la defensa no convencieran a los jueces, el juicio penal se celebraría en 2020.
