Para las administraciones de Madrid y Barcelona, el Dieselgate, destapado en 2015, "dificulta el éxito de las políticas públicas que se están llevando a cabo y pone en riesgo la salud de la ciudadanía". Así, estas dos ciudades se han unido a un manifiesto acordado en Bruselas junto a organizaciones europeas de medio ambiente en el que exigen que los fabricantes se responsabilicen de los vehículos manipulados.
También piden que la Unión Europea se implique a través de la creación de un fondo europeo que financie la lucha contra la contaminación atmosférica.
Poner fin al legado del Dieselgate
El Manifiesto se ha acordado en la Cumbre Europea sobre el Diésel que ha sido organizada por Eurocities, la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (Transport & Enviroment) y la European Public Health Alliance.
En él se exige que los vehículos equipados con un software que altera los resultados de los controles técnicos de emisiones contaminantes sean reparados, y piden que la Unión Europea se implique ya que hasta ahora esta medida sólo se ha llevado a cabo en algunos países de manera obligatoria, entre los que no se encuentra España.
También demandan que se cree un fondo europeo para reducir el número de vehículos contaminantes en circulación y alternativas sostenibles y públicas al transporte privado.
Reforzar la legislación a nivel europeo sobre emisiones de vehículos y marcos de prueba e incentivar el cambio a vehículos alternativos e invertir en infraestructura a nivel nacional son otras de las medidas que se piden.
La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha señalado que sólo con la colaboración de los sectores público y privado y el trabajo conjunto de todas las administraciones "se podrá llevar a cabo la transformación que las ciudades necesitan para garantizar la salud, el bienestar y el progreso de su ciudadanía".
Según explica Eurocities, una red formada por más de 140 ciudades de una treintena de países europeos que colabora con el Comité de las Regiones de la Unión Europea, las carreteras de Europa tienen una flota de más de 43 millones de automóviles y furgonetas diésel "altamente contaminantes", por lo que las acciones a nivel de administraciones locales no son suficiente por sí solas.
Lo que está pasando en Europa: los fabricantes ceden
Lo cierto es que países como Alemania y Francia ya están pidiendo responsabilidades para asumir el cambio de paradigma en el que se encuentra la industria automotriz. En el caso de Alemania, ha 'invitado' a la industria -aún no hay mandato legal- a pagar la factura del diésel, bien a través de reparaciones o con incentivos.
Marcas como Volkswagen, Daimler o Renault se han mostrado favorables a realizar actualizaciones -con matices- y ofrecer incentivos de hasta 10.000 euros a los propietarios de vehículos diésel que cumplen con el estándar de emisiones Euro5 o anterior.
Por su parte, Francia ha expresado su interés en que su particular 'Plan Renove' esté financiado también por los fabricantes, de forma que cofinancien un programa para renovar el parque automovilístico. Aún no se sabe ni cómo ni cuánto, ni si aceptarán.
En España estamos pendientes del 'Plan Renove' 2020 y el polémico impuesto al diésel; este paquete de ayudas para incentivar la compra de coches híbridos y eléctricos se financiará con el endurecimiento del impuesto a los vehículos más contaminantes.
Una vez más, se pasa la factura únicamente a la tecnología diésel.
