El despliegue del coche autónomo en los países en los que la ley los permite genera siempre una duda sobre la responsabilidad en caso de accidente. Para el Reino Unido, que pronto votará la ley que autoriza los coches de conducción autónoma, ese problema no existe. Será siempre el fabricante del coche o su operador el responsable.
En el Discurso del Rey, parte de la ceremonia de apertura del año legislativo en el parlamento birtánico y en la que se mencionan las futuras propuestas de ley del Gobierno británico, se incluyó la propuesta de un marco legal para permitir el uso de coches de conducción autónoma en las carreteras británicas.
El proyecto de ley pretende garantizar que exista una responsabilidad jurídica clara sobre quién o qué organización es responsable en caso de accidente de un vehículo de conducción autónoma, o bien en situaciones de riesgo como las que ocurren a menudo en San Francisco.
El objetivo es evitar que los operadores eludan responsabilidades
Esta nueva legislación estipulará, en uno de sus puntos más llamativos, que los operadores o fabricantes de coches autónomos serán responsables de las acciones de los coches en los que se haga uso de esas tecnologías de conducción autónoma. En principio, esto se aplicará a coches con un nivel cuatro o superior de conducción autónoma.
Las empresas tendrán que cumplir los requisitos de seguridad desde el momento en que se introduzca un vehículo en las carreteras británicas o se enfrentarán a sanciones y penalizaciones si incumplen su deber. Éstas incluirán multas, obligación de adoptar medidas correctoras y suspensión de la explotación. En los casos graves se aplicarán incluso sanciones penales.
En la práctica, esto significa que un conductor humano no será responsable de los accidentes relacionados con la conducción mientras el vehículo esté en modo autónomo. Los conductores, por otra parte, seguirán siendo responsables cuando conduzcan ellos, así como de los aspectos ajenos a la conducción, como el seguro y la inspección técnica al día del coche.
Esta distinción podría sentar un precedente a nivel mundial, donde la responsabilidad en caso de accidente sigue siendo una zona gris en algunos países. Y en la que los operadores de servicios de coches autónomos tienden a lavarse las manos de lo que ocurre con sus coches.
En 2018, una mujer murió atropellada por un coche autónomo de Uber durante una prueba. En aquel momento, fue el conductor de seguridad del coche quien fue acusado de homicidio por negligencia con un instrumento peligroso. Uber no fue acusado.
Lo mismo ocurrió en 2019 tras un accidente mortal en el que se vio implicado un vehículo Tesla que circulaba con Autopilot activado. De nuevo fue el conductor, no Tesla, quien fue acusado de dos cargos de homicidio por negligencia grave.
