huelga

"La industria alimentaria puede sufrir paros en su actividad si los productos básicos no llegan a las fábricas e, igualmente, experimentar enormes costes derivados de la conservación de los alimentos o de su pérdida", avisan.

El portavoz de la Plataforma, Manuel Hernández, ha celebrado haber "puesto en jaque al Gobierno", que acordó hace seis días una bonificación de 0,20 euros el litro de combustible a todos los consumidores.

Desde la Plataforma esperaban un segundo encuentro para insistir en que se cumplan sus peticiones “para poder arrancar”.

Hace unos días la fábrica de Volkswagen en Navarra tuvo que parar por esta razón, así como Bridgestone en su planta de Santander y Ford en Almussafes (Valencia).

Ya son varias las grandes patronales que forman parte del CNTC (entre ellas Fenadismer o Fetransa) las que se suman al paro convocado por la Plataforma, ante el descontento por las medidas propuestas por el Gobierno.

Las medidas normativas recogidas en el RDL se llevarán hoy al Congreso para su convalidación. Además el Ejecutivo promete contundencia para garantizar la actividad de los transportistas que no secundan el paro.

Esta situación crea una seria inquietud de cara un posible desabastecimiento.

Desde el CNCT han querido dejar claro que no ha convocado ningún paro de transporte, ni cree que en esta coyuntura sea "una solución eficaz".

Entre otras medidas, el sector pide que la carga y descarga no la lleven a cabo los propios camioneros, algo a lo que se opone la patronal pero que de momento apoya el Gobierno.

Acciona Facility Services, empresa encargada de la logística en las fábricas de Nissan, ha decidido llevar a cabo su amenaza de romper de forma anticipada el contrato con la multinacional japonesa, dejando en el aire la reapertura.

Tras 40 días de huelga masiva en General Motors, un 57 % de los miembros del sindicato United Auto Workers votaron a favor de un acuerdo laboral de cuatro años de duración para poner fin al parón.

Aunque no se han revelado detalles de este posible contrato, que tendrá cuatro años de duración, es probable que cubra varias de las reclamaciones más importantes de los trabajadores.