Entre 2018 y 2019 el Gobierno tuvo que rescatar nueve autopistas de peaje que entraron en concurso de acreedores, como las radiales madrileñas R-3 y R-5 inauguradas en 2004 por el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar.
Ahora sabemos que la factura que vamos a tener que pagar por un canon recogido bajo la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) de estas nueve autopistas quebradas es mucho más alto de lo que nos habían dicho. Y es que el Tribunal Supremo está dando la razón a los acreedores privados, según publica El País.
Actualmente las nueve autopistas de peaje rescatadas -AP-7, R-2, R-3 y R-5, M-12, AP-36, Circunvalación de Alicante y AP-41- están bajo el paraguas de la empresa pública Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre del Mitma.
Esto significa que mientras el Tribunal Supremo se pronuncia sobre los casos que hay sobre la mesa de bancos y acreedores contra el Estado, la factura para las arcas públicas seguirá hinchándose.
Estas empresas bancarias piden 4.500 millones de euros en compensaciones para llenar los agujeros que dejaron a las cajas de ahorro las grandes constructoras de estas nueve autopistas, como son Abertis, Sacyr, ACS, Ferrovial, OHL o Isolux Corsán, entre otras.
Y como el Tribunal Supremo está desestimando la fórmula que en su momento se aprobó para calcular las compensaciones, la factura total puede ser mucho mayor, ya que hay que recalcular las cuantías.
"En varios de esos fallos, se señala que no se podrá minorar del importe a pagar a las empresas el 25% abonado por la Administración a los expropiados o se estimará como inicio de la amortización el día en que la vía se puso en servicio o en el que se inició el cobro de peajes", recoge El País.
Una cifra mucho más alta de lo que estimó el Gobierno en 2021; poco más de 1.000 millones de euros. De momento ya hemos pagado 411 millones de euros por la AP-36 Ocaña-La Roda, en Albacete, mientras que la RPS de la Circunvalación de Alicante asciende a 308 millones y la de Cartagena-Vera a 283 millones de euros.
Las radiales de Madrid tampoco se quedan cortas, pues su coste asciende a 119 millones de euros. Sin olvidar que el Estado tendrá que hacer frente al pago de las expropiaciones de parte de las las 20.000 fincas que las concesionarias llevaron a cabo para construir sus autopistas.
Es lo que tiene establecer un mecanismo en el que el Estado tiene que compensar a empresas privadas por sus pérdidas, en este caso previsiones de tráfico. De esta forma, las grandes concesionarias nunca pierden. Pierde el contribuyente.
