Resuelto el escándalo que ha envuelto a General Motors por engañar a los consumidores y subestimar el impacto de un defecto en el sistema de arranque. En 2015 la compañía americana tuvo que hacer frente al pago de 900 millones de dólares para retrasar la causa y evitar que se llevara a juicio a cualquier trabajador. Ahora el regulador del mercado estadounidense (SEC) ha establecido el pago de un millón de dólares por una negligencia fiscal.
El fallo se basaba en el interruptor del dispositivo de arranque, que podía pasar de forma inadvertida a la posición de apagado si el llavero que acompañaba a la llave tenía un peso excesivo. El gigante de Detroit no estimó el daño que podría tener esto en sus cuentas y tampoco evaluó la necesidad de divulgar la información, según ha afirmado la SEC. Recordemos que el defecto en el diseño de los bombines fue la causa de 124 muertes y 275 heridos en Estados Unidos.
La General Motors presidida por Mary Barra ha sido acusada de obviar durante 18 meses las consecuencias de una llamada a revisión para poder realizar la estimación de las pérdidas. En este caso no las humanas, sino las económicas. La cuantía de la multa total ni se acerca a la que tuvo que desembolsar Toyota por el Pedalgate, que ascendió a 1.200 millones de dólares.
El anuncio oficial de General Motors y la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos sobre la multa que tendrá que pagar solo contempla la responsabilidad económica de la negligencia (ya se aprobó un Fondo de Compensación para las víctimas de 600 millones de dólares). La firma ni corrobora ni desmiente ningún error en la toma de las decisiones que afectaban a las cuentas de la empresa; se ha limitado a expresar su voluntad de cooperación durante la investigación, que dada la gravedad de los hechos, ha terminado bastante bien para los de Detroit.
Tal y como sabemos, la gravedad de este fallo ponía vidas humanas en riesgo cada vez que se producía, y no solo las cuentas de la empresa: los bombines afectados permitían que la llave de contacto girara libremente. Consecuentemente, los circuitos asociados se desconectaban, y si el coche se encontraba en movimiento podía poner en serio peligro a los ocupantes y al resto de conductores. De hecho lo hizo. Consecuentemente 2,6 millones de coches tuvieron que ser revisados, principalmente Chevrolet Cobalt y Saturn Ion.
La pérdida de vidas no se puede compensar con dinero o multas, más aún si los responsables no terminan de reconocer su culpabilidad (algo similar vivimos en España con el Yak 42). Y parece que la hecatombe que vive la industria del motor no termina de calar en el consumidor, ni de influirle. Sabemos que General Motors ha roto un récord de ventas en México, con un aumento del 20,5% frente a lo que alcanzó en 2015. Pero quizá deban agradecérselo a Trump.
El quid de la cuestión ante esta ola de escándalos reside en preguntarnos: ¿Podremos seguir confiando en que las compañías automovilísticas dejarán de engañarnos en algún momento? ¿Es suficiente que paguen solo económicamente por ello?
