Cada poco tiempo vuelve a surgir el fantasma del pago por uso de las infraestructuras en España después de que el Gobierno lanzara el verano pasado el primer globo sonda respecto al modelo de financiación de las autopistas.
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, lo ha vuelto a poner sobre la mesa aunque añadiendo un matiz -como si de preparar el terreno se tratara-: que el pago dependa del usuario que las utiliza.
Sin discriminación por comunidades
"A los que no les queda otra, como los que van a trabajar, no tienes por qué gravarlos, pero sí a otros a los que la circulación por estas vías les hace ser más competitivos en su actividad, ya que se benefician del nivel de infraestructuras", ha dicho Ábalos durante un congreso en declaraciones recogidas por El País.
Esto significa que los ciudadanos que tienen que pasar cada día por la A-2 en su acceso a Madrid para ir a trabajar, por ejemplo, no tendrían que abonar aquella cantidad "simbólica" de la que hablaba el ministerio en vías de alta capacidad; serían las empresas de transporte tanto de mercancías como de pasajeros las que tendrían que aportar su granito de arena por beneficiarse de estas vías.
La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España ya se ha pronunciado y ha dicho que "el ministro de Transportes no debe olvidar su compromiso con las asociaciones de transportistas el pasado mes de julio de no implantar ningún peaje por el uso de las autovías sin el consenso previo con el sector".
Esta recaudación se destinaría a reducir los peajes de las autopistas que aún están en manos de concesionarias, a medida que se han ido liberando autopistas desde 2018 y hasta 2021, cuando levantarán sus barreras dos tramos de la AP-7 y la AP-2.
Aún sin nada tangible, pero siempre con la idea de la financiación público-privada sobre la mesa, Ábalos ha rechazado que el cobro de estos peajes se haga en función del territorio.
Cataluña, por ejemplo, ya expuso su opinión de que la mejor forma de eliminar las barreras de los peajes sería implementar una tarifa plana para todos los coches que se situaría entre los 40 y los 110 euros anuales; una euroviñeta que ya pagan los camiones en Luxemburgo, Suecia, Holanda o Dinamarca.
Mientras tanto, la Comisión Europea ha dejado fuera del mecanismo de recuperación 1.120 millones de euros para la recuperación de carreteras españolas (firme, tramos de concentración de accidentes o eficiencia energética de las luminarias).
Esto significa que los puntos negros seguirán siendo negros muchos años más a medida que el déficit acumulado de inversión en la red del Estado supera los 7.463 millones de euros. Pero como siempre, el abandono de la infraestructura nunca se incluirá como factor en los balances de siniestralidad de la DGT.
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