España propondrá a Bruselas implantar un sistema de peaje en las autopistas y autovías a fin de hacer viable su mantenimiento.
"Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras", recoge el proyecto del 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia' dado a conocer por el Ejecutivo la semana pasada y que será remitido a Bruselas estos días para ofrecer una guía de dónde irán a parar parte de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos que recibirá España.
La medida se ha recogido por primera vez de forma concisa en un documento oficial, aunque esta posibilidad lleva años coleando y siendo valorada por el Gobierno.
Ahora, España advierte de que "revisará la financiación de las vías de alta capacidad y se establecerá un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal", sin revelar más detalles por el momento.
A vueltas con un peaje, ¿especialmente para los vehículos más contaminantes?
No obstante, en 2018 ya se barajó que el peaje afectase especialmente a los vehículos más contaminantes, con precios que oscilarían entre los 0,03 euros y de 0,15 euros por kilómetro, y más recientemente José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, apuntó directamente al sector transporte.
"A los que no les queda otra, como los que van a trabajar, no tienes por qué gravarlos, pero sí a otros a los que la circulación por estas vías les hace ser más competitivos en su actividad, ya que se benefician del nivel de infraestructuras", afirmó Ábalos.
La implementación de los peajes en autopistas y autovías se pone sobre la mesa firmemente en una coyuntura en la que esta infraestructura sigue siendo un agujero económico pendiente de cerrar y que no cesa de aumentar.
En verano del año pasado, la Asociación Española de la Carretera (AEC) puso de relieve que España tiene un déficit acumulado de inversión en la red del Estado de 7.463 millones de euros, con Castilla y León encabezando la lista de déficit agregado total.
Además, ese montante podría engordar aún más toda vez que el Gobierno sigue con su plan de liberalización de autopistas de peaje, iniciado hace dos años.
Desde diciembre de 2018 se han subido las barreras de la AP-1, la AP-4 y el tramo de la AP-7 que discurre entre Alicante y Tarragona; en septiembre de 2021 le toca el turno a la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell y a la AP-7 entre Tarragona y la Junquera, lo que se traducirá en un ahorro de 500 millones de euros para los conductores y, por ende, otros tantos menos ingresos para las arcas públicas.
Seopan, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras, calcula que los 1.097 kilómetros de autopistas que suprimirán los peajes entre 2018 y 2021 de Europistas (AP1), Aumar (AP7 y AP4), Acesa (AP7, AP2 y B23) e Invicat (C31, C32 y C33), implicarán a partir de 2022 un aumento permanente del déficit público anual de 478 millones.
En cuanto a la proporción de red de peaje española, habrá pasado en tres años de 3.304 kilómetros a menos de 2.000 kilómetros, con lo que el peso de las vías de pago se habrá reducido del 18% al 11,5%.
A fin de revertir esta tendencia decreciente, la patronal del sector propuso el año pasado un peaje medio de nueve céntimos de euro por kilómetro recorrido para los coches y de 19 céntimos para los camiones con el que se recaudaría cerca de 104.000 millones de euros en 25 años y se ahorraría unos 825 millones anuales en mantenimiento.
Por el momento, toca esperar a que el Gobierno defina más un plan que, ahora sí, parece estar en firme sobre la mesa.
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