Ya desde mediados de 2019 el Gobierno dejó caer que prepara un cambio en la fiscalidad del automóvil para impulsar la penetración del coche eléctrico en España, penalizando a los de combustión (híbridos incluidos). La industria ha tachado de "error" este proyecto, y Jaguar Land Rover también se ha mostrado contrario.
"Los impuestos pueden subir y, como fabricantes, pedimos que se consensúe con nosotros cómo hacerlo y podamos acordar algo que no dañe al mercado", ha dicho el presidente y consejero delegado de Jaguar Land Rover Iberia, Luis Antonio Ruiz.
Una medida que consideran causará daños al sector
2020 es el año en el que la flota de vehículos nuevos de la Unión Europea no deberá exceder los 95 g/km de CO₂. Una media que favorecerá a los coches grandes de aquí a un año, y fabricantes como Jaguar Land Rover podrán asumir objetivos más desahogados (130,6 g/km de CO₂) frente a grupos como PSA (que tendrá que cumplir con un objetivo de 93 g/km de CO₂).
No obstante Jaguar no ve con buenos ojos una posible subida del impuesto de matriculación, que se calcula en función de los gramos de CO₂ por kilómetro que emita cada vehículo. Aquellos cuyas emisiones sean inferiores o iguales a los 120 gr/km de CO₂ no lo pagan, pero para los vehículos con emisiones superiores o iguales a 200 gr/km alcanza el 14,75 %.
En 2018 la recaudación derivada de este impuesto regresó a niveles de 2010, con un aumento del 31% y un total de 513,43 millones de euros ingresados en las arcas autonómicas. ¿La razón? Más SUV, más coches de gasolina y la llegada del WLTP.
Con esta situación y con un parque de vehículos eléctricos que no llega al 2 %, el Gobierno quiere aplicar nuevos tramos de forma que solo estén exentos los vehículos que no emitan nada a la atmósfera. Esto implicaría una subida del precio de los vehículos de miles de euros, incluso para mecánicas híbridas.
Desde Jaguar Land Rover se ha solicitado que se consensúen con los fabricantes de automóviles las posibles reformas impositivas que afectan a la venta de vehículos "con el objetivo de encontrar la mejor solución para la reducción de las emisiones contaminantes y la transición hacia el coche eléctrico sin causar daños al sector".
La percepción está equivocada. Lo que contamina es el coche antiguo, no el diésel. ¿Qué habría que hacer? Planes de achatarramiento. @GanvamOficial y @AnfacAutomovil analizan en @eldiarioes el camino a la #descarbonización ➜ https://t.co/eDK2Xf0Eia pic.twitter.com/YbsiGCZYnH
— Ganvam (@GanvamOficial) February 20, 2020
La firma británica ve con buenos ojos la reducción progresiva de los límites máximos de emisiones de CO₂ y contaminantes, pero considera que este nuevo impuesto castigará aún más la venta de vehículos nuevos y por lo tanto la renovación del parque automovilístico.
"Si se quiere dejar de emitir CO₂ a la atmósfera, hay que retirar los coches antiguos. Además, hay un componente social y de seguridad en ello. El 50 % de los accidentes de tráfico son de coches de más de diez años en carreteras secundarias. Para ello, es necesario fomentar la venta de vehículos nuevos", ha explicado Ruiz.
La industria automotriz española ha puesto el grito en el cielo y asociaciones como ANFAC, Faconauto y Ganvam ha advertido del impacto que tendrá en las ventas. Desde Faconauto ha sido considerado como "un castigo a los contribuyentes que no pueden optar en la actualidad (por precio) a vehículos de bajas emisiones", según declaraciones a El Mundo.
Jaguar Land Rover, que apuesta por motores de combustión eficientes, también ha defendido el futuro de la electromovilidad, pero ha criticado la falta de infraestructura en España.
"El mayor inhibidor de venta de vehículos eléctricos ahora mismo no es el precio, sino la falta de infraestructura de recarga y la burocracia que considera que paraliza su extensión. A día de hoy, tendríamos que tener en España 85.000 puntos de recarga y no llegamos ni a los cinco mil públicos", ha expresado Ruiz.
En este contexto, hace unos días el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, anunció una reforma para impulsar las estaciones de carga para coches eléctricos que podría derivar en una reducción del papeleo.
Recordemos que en octubre de 2018 el Gobierno eliminó la figura del gestor de carga, descrita por el Ejecutivo como "excesivamente rígida y desincentivadora de la actividad" y que se dirigía exclusivamente a sociedades mercantiles.
Esto significa que desde entonces cualquier consumidor puede ya desarrollar la actividad destinada a la recarga de coches eléctricos, y restaurantes, supermercados o centros comerciales, por ejemplo, pueden regalar electricidad si así lo desean para la recarga de baterías.
No obstante España está muy lejos de las más de 30.000 electrolineras que tiene Alemania, que ha aumentado recientemente las ayudas a la compra de coches eléctricos hasta los 6.000 euros, o las 22.600 de Reino Unido.
De acuerdo a los datos de Electromaps, en España hay actualmente 5.109 puntos de recarga para coches eléctricos y 13.622 conectores, de los cuales más de 6.500 son Type 2 (Mennekes) y tan solo 456 son del tipo CCS2 o de carga rápida.
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