Moove quiere ser el nuevo gigante del VTC con 4.000 licencias para operar a través de Uber y Cabify
Puede que no hayas oído hablar de Moove, pero era una cuestión de tiempo que saltase a la palestra. Se trata de una nueva empresa que vuelve a azuzar el avispero de los coches de alquiler con conductor (VTC), una sociedad que aglutina a un grupo de inversores españoles y que recientemente ha recibido el apoyo del fondo de inversión King Street Capital Management para hacerse con el control de nada menos que 4.000 licencias VTC en España.
Para conseguir sus ambiciosos objetivos, Moove pretende completar la adquisición de empresas explotadoras de licencias VTC. Hasta ahora cuenta 300 licencias y unos 600 conductores tras comenzar su andadura a comienzos de 2016 con la compra de 10 licencias.
4.000 licencias VTC, bases físicas y presencia en toda España
Si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) da luz verde a la entrada del capital de King Street (fondo de inversión con 20.000 millones de dólares repartidos en multitud de iniciativas), Moove se convertirá en un gigante que se ha marcado un objetivo de 4.000 licencias VTC, consiguiendo un 20% (800 licencias) en sólo dos años.
Su modelo de negocio difiere mucho del formato de Uber y Cabify (ya con una valoración superior a 1.000 millones de euros), subcontratando los servicios de transporte en su mayoría a propietarios de VTC autónomos; Moove quiere tener las licencias en cartera así como los coches, mientras que los conductores son asalariados con contrato indefinido a jornada completa y sueldos entre 1.200 y 2.000 euros según la propia empresa.
Manuel Puga es el consejero delegado de Moove y sostiene que son una empresa con vocación sostenible y generación de empleo: "queremos dar trabajo a 10.000 personas y transportar a 100.000 pasajeros al día", refiriéndose a 2020, fecha en la que esperan facturar 400 millones de euros anuales.
Estos objetivos no son imposibles, pero sí ciertamente ambiciosos. Para empezar, ese objetivo de 4.000 licencias VTC suponen un montante más que considerable teniendo en cuenta que a finales de 2017 había 6.506 licencias en uso (aunque reclamadas ante la justicia se encuentran unas 10.000 más que las administraciones locales están denegando pero que suelen encontrar la aprobación del Tribunal Supremo). Este número se ha triplicado desde 2014, cuando a principios de ese año existían 2.703 licencias.
Por otro lado, el modelo de negocio de Moove quiere ofrecer sus servicios a través de Uber y Cabify, por lo que tendrá que llegar a algún acuerdo económico por beneficiarse de sus plataformas. Es decir, no contarán con una cartera de servicios propia pero sí anuncian que van a ofrecer una gestión integral de viajes complementarios con billetes de avión, tren y autobús. Este modelo ya lo tienen en funcionamiento en Barcelona junto a Alsa.
El proyecto de Moove Cars pretende colocarse como un referente entre los servicios públicos de transporte repartiéndose por toda la geografía española con 15 bases en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia y Baleares. Esta será otra gran diferencia con respecto a Uber y Cabify, puesto que Moove contará con bases fijas desde las que arrancarán sus servicios de alquiler.
Hemos tratado de ponernos en contacto con los representantes de Moove para aclarar algunas incógnitas pero de momento no hemos obtenido respuesta.
Taxistas enfadados y el enésimo capítulo de las VTC
En las últimas horas los taxistas se han vuelto a manifestar, en este caso en la ciudad de Barcelona, contra las licencias VTC en general. Unos 3.500 trabajadores del taxi según el gremio se han reunido alrededor de la estación de Sants para reclamar que mientras en Madrid se han impuesto más 4.000 sanciones a coches VTC, en Barcelona se quedan sólo en 100.
Los taxistas han llegado a simular un entierro de las VTC, cortejo fúnebre incluido, aderezado con bengalas.
Un portavoz de Elite Taxi ha señalado que sus coches han sido atacados (actos vandálicos que las VTC llevan sufriendo desde hace tiempo) y reclama una mayor inspección a los coches de los que consideran su competencia. Esta reclamación no hace referencia sólo a las plataformas digitales como Uber o Cabify que distribuyen los servicios de las VTC, sino también pone el foco sobre las empresas tradicionales del sector que durante años han convivido con el taxi sin mayor problema.
El mes de diciembre de 2017, tras las numerosas protestas y huelgas del sector del taxi, el Ministerio de Fomento lanzó un Real Decreto con la intención de frenar el auge de las VTC, prohibiendo la venta de estas licencias durante los dos años posteriores a su adquisición y obligando a la inscripción de los servicios contratados a las empresas y autónomos que gestionan las VTC en un registro.
Estas medidas han supuesto un nuevo encontronazo con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) después de la reforma de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre que en 2015 el Gobierno trató de sacar adelante para bloquear la Ley Omnibus de 2009 por la que se liberalizaba el sector VTC, permitiendo el otorgamiento indiscriminado de licencias. Ahora, los nuevos requisitos la CNMC los considera injustificados, que impiden la libre competencia y contratación de los servicios VTC, anunciando un segundo recurso contencioso administrativo.
El primer recurso se interpuso en 2015 (aún pendiente de resolución en la Audiencia Nacional) referente al límite de una VTC por cada 30 licencias de taxi. El ratio actual roza una VTC por cada 10 del taxi debido a cuando las empresas reclamaron sus solicitudes de licencia ante los tribunales la justicia les dio la razón.
Es el enésimo capítulo en el culebrón taxi vs VTC, donde el Fomento trata de satisfacer al taxi y sus afirmaciones sobre la deslealtad con la que según el gremio trabajan Cabify y Uber, una demanda que la Federación Profesional del Taxi de Madrid llevó a juicio y acabó por dar la razón a las star-up una vez más.
