Ante el subidón en los precios de la luz que estamos experimentando, el Gobierno ha anunciado recientemente una batería de medidas que abordan desde la eliminación del polémico 'impuesto al sol', pasando por la pobreza energética o el autoconsumo.
En este contexto, se ha anunciado la eliminación de la figura del gestor de carga, descrita por el Gobierno como "excesivamente rígida y desincentivadora de la actividad" y que se dirigía exclusivamente a sociedades mercantiles. Hoy entra en vigor.
Una solución a la ansiedad de autonomía
Esta medida en forma del Real Decreto implica que cualquier consumidor puede ya desarrollar la actividad destinada a la recarga de coches eléctricos, y restaurantes, supermercados o centros comerciales, por ejemplo, podrán regalar electricidad si así lo desean para la recarga de baterías. Ahora cualquiera puede actuar como agente en el mercado de producción de electricidad.
Según explica el Gobierno, esta supresión no supondrá "en ningún caso una merma de la seguridad de las instalaciones, que deberán cumplir con la normativa correspondiente en el ámbito de la seguridad industrial y de las que se llevará un registro de la información para el seguimiento de la actividad por las Administraciones".
☀️España es uno de los países con más horas de sol de Europa.
— Transición Ecológica (@mitecogob) 6 de octubre de 2018
⏳ El futuro del sistema energético será renovable. Y España va con retraso.
�️ Hoy se publica en @boegob medidas para el impulso al autoconsumo. Entre ellas, el fin del impuesto al sol https://t.co/Q7H3ekpMbl pic.twitter.com/tMyTWmVYOG
El Real Decreto liberaliza por tanto el mercado para que cualquier consumidor pueda vender energía para la recarga del vehículo eléctrico, e incluye las figuras de agregadores de demanda y de la interoperabilidad para cobrar por las recargas.
Sin embargo, la legislación dejaba fuera la opción de que los usuarios vendan energía desde sus baterías para ayudar a nivelar los picos de carga de la red eléctrica, un punto que aún no se ha desvelado.
Por otro lado, el registro de la información al que alude el Ejecutivo implica que la información relativa a esta actividad estará disponible a través de medios electrónicos "para todos los ciudadanos" y se integrará en el futuro en el punto de acceso único, armonizando la información con la del resto de países de la Unión Europea. Se creará así una gran base de datos de información sobre la ubicación y características de los puntos de recarga públicos.
La figura del gestor de carga siempre ha sido criticada por la industria automotriz, pues limitaba la instalación de puntos de recarga en hoteles, restaurantes o centros comerciales, y obligaba a la entidad o sociedad mercantil a darse de alta ante la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Energía.
Para Aedive (la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico) y Anfac (la asociación nacional de fabricantes de vehículos) ha sido "una de las barreras más importantes que tenía el mercado español" para el desarrollo del coche eléctrico.
El Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, definía así la figura del gestor de carga:
"Los gestores de cargas del sistema, que son aquellas sociedades mercantiles que, siendo consumidores, están habilitados para la reventa de energía eléctrica para servicios de recarga energética, así como para el almacenamiento de energía eléctrica para una mejor gestión del Sistema Eléctrico".
La eliminación de esta figura persigue así impulsar la infraestrucutra en España, un país que se queda a la cola de colegas europeos como Alemania o Francia, que cuentan con 25.755 y 16.554 puntos de carga respectivamente, mientras que en España hay poco más de 5.100, entre cargadores normales y rápidos.
