El Gobierno ha declarado de utilidad pública a las infraestructuras de recarga ultrarrápida con potencia superior a 250 kW, a fin de facilitar el despliegue de una red suficiente de estaciones de recarga de alta potencia y tratar de acabar así con la "ansiedad de rango o ansiedad de autonomía".
Un obstáculo que "desincentiva la adquisición de este tipo de vehículos" por parte de los ciudadanos, tal y como se describe en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se han aprobado medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, anunciadas previamente en rueda de prensa la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
Nuevo empujón al coche eléctrico
La ministra explicó que el Ejecutivo busca de esta manera dar "impulso a la red de recarga ultrarrápida en las carreteras, autovías y autopistas", con el objeto de facilitar la expansión del vehículo eléctrico.
Pero ¿qué supone la declaración de utilidad pública de la infraestructura de recarga eléctrica de más de 250 kW? Básicamente, permite simplificar los trámites y tiempos necesarios para su aprobación, instalación y puesta en funcionamiento.
Un hecho que ya pidió ANFAC en su 'Plan Automoción 2020-2040', aunque la patronal de fabricantes del automóvil solicitó en su informe ejecutivo que dicha catalogación acogiese a los puntos de carga de más de 150 kW.
De esta forma, el Artículo 4.8.2 del Título II, por el que se modifica el primer párrafo al apartado 2 del artículo 53, estipula que "la Administración Pública competente podrá establecer que determinados tipos de modificaciones no sustanciales de las instalaciones de transporte, distribución y producción, líneas directas e infraestructuras eléctricas de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos de potencia superior a 250 kW no queden sometidas a las autorizaciones administrativas previas previstas".
Por otra parte, el Real-Decreto establece la "libertad de amortización durante 2020 y 2021" de inversiones materiales que impliquen sensorización e implantación de sistemas modulares en las cadenas productivas o reduzcan el impacto ambiental, o la posibilidad de utilizar hasta 100 millones de euros de superávit municipal para la adquisición de vehículos de bajas emisiones, con etiqueta CERO o Eco.
Asimismo, el porcentaje de la deducción en innovación de procesos en el Impuesto de Sociedades, lo que afecta a las plantas de los fabricantes automovilísticos, se incrementa del 12% actual hasta el 25%.
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