Daimler y su subsidiaria Mercedes-Benz USA han llegado a un acuerdo económico con las autoridades estadounidenses para cerrar su propio Dieselgate.
En un comunicado emitido por el consorcio, ha explicado que pagará unos 1.250 millones de euros por reclamaciones civiles y medioambientales, a lo que se sumarían otros 592 millones procedentes del acuerdo de la demanda colectiva por la venta de 250.000 turismos y furgonetas diésel (como la Mercedes-Benz Vito) equipados con un software ilegal.
El impacto económico se notará durante tres años
En total, Daimler tendrá que desembolsar 1.842 millones de euros para zanjar acuerdos con las autoridades estadounidenses y demandas colectivas, a lo que sumará gastos adicionales de cientos de millones de euros para cumplir con los requisitos del acuerdo.
El acuerdo con Estados Unidos resolverá -puede que de forma definitiva- cuatro años de investigaciones del Departamento de Justicia, la Agencia de Protección Ambiental (la famosa EPA), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el fiscal general de California y la Junta de Recursos del Aire.
No obstante, aún queda por cerrarse una demanda colectiva de consumidores en Nueva Jersey. Daimler ha dicho que ya han llegado a un acuerdo con los abogados de los demandantes.
La compañía con sede en Stuttgart (Alemania) asegura que ha cooperado plenamente con las autoridades estadounidenses y que el impacto económico de este acuerdo se notará durante los próximos tres años.
Tendremos que esperar a las próximas semanas, cuando las autoridades estadounidenses darán su aprobación final a los acuerdos.
En septiembre de 2019 la Fiscalía de Stuttgart multó a Daimler con 870 millones de euros por "violación negligente" en una investigación sobre la venta de vehículos manipulados.
Los fiscales determinaron que el fabricante alemán vendió alrededor de 684.000 vehículos de la marca Mercedes-Benz que no cumplían con las regulaciones sobre emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx).
Según los hallazgos de la Fiscalía, esta "violación negligente de los deberes de supervisión" se produjo desde 2008: modelos diésel obtuvieron el permiso de circulación pese a no cumplir con los límites de emisiones.
El Departamento de Justicia de EEUU solicitó a la compañía en abril de 2016 que realizara una investigación interna sobre su proceso de certificación de emisiones, y un año después Mercedes-Benz llamó a revisión a tres millones de unidades diésel en Europa.
Los coches afectados eran los que equipaban el motor OM607 de 1.5 litros turbodiésel -de Renault- utilizados en los Mercedes Clase A y Clase B.
En 2018 se hablaba de una función de gestión del motor llamada "Slipguard" que, al igual que en el Grupo Volkswagen, reconoce si el coche se encuentra en un banco de pruebas para maquillar los niveles de emisiones.
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