La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN) lleva años pidiendo la introducción de un modelo de pago por uso en las carreteras españolas, y ahora que la propuesta está sobre la mesa, no puede hacer otra cosa que exigir su cumplimiento.
Además, piden que este sistema se gestione desde el sector privado a través de pórticos, alegando que así generaría al año 12.649 millones de euros que revertirían en las arcas públicas.
Ya vislumbran concesiones a 25 años
En una entrevista a la COPE, el presidente de SEOPAN, Julián Núñez, ha desmentido que empezar a cobrar un peaje en las vías de alta capacidad sea un impuesto que implique volver a pagar algo que el contribuyente ya está pagando, sino que de trata de "una tarifa finalista que grava un servicio público como las tasas portuarias".
"Sin medidas como el pago por uso, solo queda recorte e impuestazo", ha zanjado en una entrevista a El Español y olvidando las décadas en las que el modelo ha sido el de rescatar a las empresas concesionarias y prorrogar concesiones a costa del Estado y del contribuyente.
Para hacer más atractivo su alegato, la patronal asegura que si se implantara un peaje gestionado por ellos en los más de 14.000 km de vías libres durante 25 años, el Estado obtendría 104.000 millones de euros solo con el pago inicial del sector privado.
También aseguran que bajo su gestión, retribuirían al Estado vía impuestos, además del ahorro en mantenimiento que supuestamente supondría.
La patronal calcula un importe de 9 céntimos por kilómetro para vehículos ligeros y de 19 céntimos para los camiones, mientras que el Gobierno habla de una tarifa de 1 céntimo. Una diferencia sustancial.
Núñez ha defendido también, al igual que la DGT, que no se producirá un trasvase de tráfico desde las autopistas y autovías. Claro que la posible disminución a 70 km/h en las carreteras convencionales podría influir en ello.
Y es que si se decide rebajar en 20 km/h la velocidad máxima genérica en estas vías, como ha dejado caer la DGT, se desincentivará el uso en las mismas.
Para la patronal de constructoras, entre las que se encuentran ACS y Ferrovial o Acciona, esta medida del Gobierno "es de obligada ejecución" dado que la Comisión Europea tiene dos meses para evaluarla y a continuación convertirla en una ley, que deberá entrar en vigor a partir de 2024.
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