El Acuerdo Estratégico del Sector del Sector de Automoción del Gobierno de Pedro Sánchez, que se encuentra aún en fase de borrador, incluirá un Plan de Apoyo Integral al Sector para el período comprendido entre 2019 y 2025 y tendrá un presupuesto de 2.686 millones de euros.
El objetivo es minimizar las consecuencias económicas de la transición a los coches eléctricos, y para ello se llevará a cabo una revisión de la fiscalidad y se fomentará la movilidad sostenible y conectada, con un presupuesto de 1.739 millones entre 2019 y 2025.
Una hoja de ruta junto a los fabricantes
Como suele ocurrir con las hojas de ruta y hasta que no se publican en el BOE, los planes del Gobierno para el sector automotriz de aquí a 2025 se están dibujando aunque aún no conocemos las medidas de forma concreta. El documento parte de la base de que el sector automotriz se enfrenta a grandes retos que precisan de un plan.
Entre ellos se encuentra la digitalización, la descarbonización de la economía a nivel mundial así como la globalización y la competitividad.
De momento, estos son los planes que el Ejecutivo tiene en mente, a falta de que las partes involucradas lo firmen, previsiblemente antes del 5 de marzo:
Puesta en marcha de un Plan de Apoyo con un presupuesto de 582 millones entre 2019 y 2020.
Creación de una Mesa de Movilidad Sostenible y Conectada. Aquí estarán representados la mayoría de ministerios así como las asociaciones de fabricantes (Faconauto, Ganvam, Aniacam, Sernauto) y sindicatos.
Revisión de la fiscalidad e impulso de inversiones en el sector para definir una nueva fiscalidad verde.
1.740 millones para fomentar el uso de coches eléctricos y alternativos. Este Plan de Apoyo también incluye un presupuesto de 1.740 millones de euros que se liberarán entre 2019 y 2025 para impulsar la infraestructura de recarga y la demanda a través de ayudas a la compra.
Con este calendario a la vista, estamos pendientes de conocer con qué presupuestos contará cada comunidad autónoma para el Plan MOVES, pues serán las responsables de la gestión y de realizar las convocatorias en sus respectivos territorios.
Una vez que cada comunidad tenga asignado un presupuesto, ésta deberá destinar entre un 20 % y un 50 % a la adquisición de vehículos alternativos; y entre un 30 % y un 60 % a la implantación de infraestructuras de recarga. De este último porcentaje, un mínimo del 50 % ha de dirigirse a puntos de recarga rápida o ultrarrápida.
Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó hace unos días el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo objetivo es la total descarbonización de la economía española.
Básicamente, en 31 años, todos los automóviles y furgonetas deberán ser cero emisiones.
