En julio de 2013, la Comisión Nacional de Competencia recibió una solicitud de exención de pago de multa de SEAT por intercambiar información confidencial entre varios fabricantes y distribuidoras de marcas en España.
Esta solicitud iba acompañada con pruebas de que se estaba produciendo una manipulación en el mercado en la que habían participado BMW, Porsche, Nissan, Honda, Ford, Toyota o Renault, entre muchas otras marcas. Casi siete años después, la Audiencia Nacional ha confirmado las sanciones a 17 firmas por valor de 130,6 millones de euros.
Mazda y SEAT se salvan
Según ha publicado La Tribuna de la Automoción, la Audiencia Nacional ha ratificado las multas a BMW Ibérica (8,03 millones de euros), B&M Automóviles España, representante de Mitsubishi (776.012 euros), Ford España (20,2 millones), Honda Motor Europe Limited Sucursal España (609.325), Hyundai Motor España (4,4 millones), Automóviles Citroën España (14,8 millones), Peugeot España (15,7), Kia Motors Iberia (2,1 millones), Volvo Car España (1,7 millones), GM España (22,8 millones), Chevrolet (138.580), Fiat Chrysler Automobiles Spain (6,97 millones), Chrysler España (265,5 euros), Mercedes-Benz España (2,4 millones), Toyota España (8,7 millones), Nissan Iberia (3,2 millones) y Renault Comercial (18,2 millones).
Mazda, que había sido acusada de intercambiar información confidencial, futura y estratégica en las áreas de postventa y marketing desde marzo de 2010 hasta febrero de 2012, ha sido eximida del pago de más de medio millón de euros.
Esto se debe a que, según publicó Cinco Días, "el porcentaje o cuota de participación de la entidad recurrente en dicha conducta" había sido del 0,0 %.
Este cártel fue descubierto gracias a la confesión de SEAT y Volkswagen en 2015, que alertaron de que estaban llevando a cabo la fijación de precios en el mercado de distribución de turismos de las marcas Audi, Volkswagen y SEAT.
Los antecedentes del caso: un cártel bien montado
Días después de Competencia recibiera el chivatazo por parte de SEAT -al que le concedió la exención condicional, así como a sus filiales- se realizaron inspecciones en las sedes de Toyota España, Nissan Iberia y Renault España a través de las que se detectaron que diversos fabricantes y distribuidores habían podido incurrir en una práctica anticompetitiva.
Tras un proceso de requerimiento de información a varias marcas y concesionarios involucradas y muchos recursos, en 2015 un total de 20 marcas estaban reflejadas en el expediente sancionador que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia había abierto.
Algunos fabricantes, como es el caso de Citroën, Chevrolet o Ford, fueron acusadas de intercambiar información con competidores desde el año 2006 hasta el 2013 durante varios eventos y jornadas enfocadas al terreno de postventa y la distribución.
Según explica el expediente, al que hemos tenido acceso, "las marcas eran conscientes de la ilicitud del intercambio de información realizado entre ellas". De hecho, durante la reunión del cártel celebrada el 19 de abril de 2012 los participantes valoraron a cuánto ascendería la cuantía de la multa de desvelarse el caso.
Y para demostrar el dolo (la voluntad deliberada de cometer un delito), la CNMC relataba en su sentencia:
"Honda propuso en un correo electrónico de 20 de abril de 2012 dejar de intercambiar información por correo electrónico y hacerlo en papel en las reuniones periódicas que celebraban y referenciando los datos y las marcas a letras y números, si bien las marcas conocerían dicha equivalencia".
Tras la renuncia de alguna de las marcas participantes a continuar intercambiando información de posventa, a mediados de 2012, el resto de las empresas decidieron de manera casi unánime continuar con éste, aunque adoptando medidas para garantizar el carácter secreto del cártel.
Está acreditado que los responsables de gestionar en cada marca las redes de distribución reportaban a su vez y trasladaban la información intercambiada a sus superiores jerárquicos.
Es decir, la información intercambiada abarcaba desde la red de distribución y posventa, la prestación de servicios de taller, las tareas de mantenimiento y reparación y la venta de piezas de recambios oficiales.
De esta forma, podían evaluar la información aportada por sus competidores directos y podían fijar el precio de los vehículos en el futuro sin necesidad de intercambiar directamente el precio de los coches que vendían en sus concesionarios.