Ayer martes 1 de marzo se presentó ante el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, cuyo objetivo es el de constituir un marco normativo de transporte y movilidad encaminado mejorar la calidad del aire o adaptarse a nuevas tecnologías, entre otros.
Y entre las medidas recogidas en este texto aún embrionario está la aplicación de un "peaje urbano" para reforzar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que serán obligatorias en enero de 2023 a más tardar en todos los municipios de más de 50.000 habitantes, además de los territorios insulares.
Como se esperaba, en este primer texto no se incluyen los peajes en autovías, uno de los temas más polémicos y que si bien se pretende implantar, se ha enfriado de momento por falta de consenso.
Sea como fuere, a esta normativa aún le queda camino por recorrer, ahora se abre el periodo de consulta pública y de informes previos para la elaboración del texto final, que pasará en último término a ser tramitado y votado en el Congreso de los Diputados. Así, se prevé que no se apruebe definitivamente hasta finales de 2023.
Una tasa de aplicación voluntaria
En este Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible una de las principales medidas recogidas que se enmarcan en uno de sus tres pilares principales, el de la "Movilidad limpia y saludable", es la de reforzar el papel de las Zonas de Bajas Emisiones como "áreas libres de humos y congestión".
Para ello se propone, a aquellos los municipios que así lo deseen, establecer una tasa de circulación para las ZBE a coches y vehículos que superen los límites estipulados en estas áreas que limitarán el acceso a los más contaminantes. Es decir, a la postre un "peaje urbano" que supone pagar por circular por dichas áreas de bajas emisiones.
Según detalla el Gobierno, para crear esta tasa es necesaria una habilitación con rango de ley, lo que permite garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio. Aunque cada municipio siempre podrá decidir si implementa la tasa o no, así como las excepciones a aplicar (transportistas, residentes etc.).
Así, según se recoge en el texto, para hacerlo posible se modificará el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
Además, fuentes del Ministerio de Transportes detallan que lo que se hará será incluir esta tasa relacionada con la circulación en el interior de las ciudades en el catálogo impositivo estatal, según publica ABC.
Y en cuanto a propuestas de cuantía de esta tasa el propio texto propone por ejemplo utilizar como valor de referencia el coste que hubiera tenido que abonar dicho vehículo en un aparcamiento público.
Asimismo, se entiende que esta tasa se sumaría a las sanciones por circular indebidamente en las ZBE con vehículos que no lo tengan permitido (cada Ayuntamiento establecerá a qué coches aplica el veto en base a su etiqueta medioambiental) y que la DGT ha definido en 200 euros (infracción grave).
Hay ciudades españolas que ya valoraron en su momento la aplicación un peaje urbano, siguiendo el modelo de otras capitales europeas como Londres.
Es el caso de Barcelona que barruntó imponerla en 2020 pues su alcaldesa, Ada Colau, señaló entonces que quizá la Zona de Bajas Emisiones permanente no era suficiente. No obstante, esta idea se desechó más adelante.
Los peajes en las autovías, aún en el aire
En lo que toca a los peajes en todas las autovías, esta medida ha quedado fuera del anteproyecto, por lo que no se espera de momento. Así, aunque sigue sobre la mesa, por ahora, no hay fecha para su implementación.
Son dos modelos los que se han propuesto, el de la viñeta (una tarifa plana que puede ser anual, mensual, semanal o por días) o bien el pago por uso mediante peaje blando, al estilo del modelo portugués y mediante pórticos de lectura de matrícula.
Este segundo método, de hecho, ya se ha implantado en una autovía española, la A-636, que lo aplica en un tramo de unos 15 km y con diferentes tarifas en función del tipo de vehículo.
Sin embargo, la viñeta es la vía que se ha señalado como favorita, que además ya tiene listo su paraguas legal tras la reforma de la Euroviñeta, que acaba de ser aprobada en Bruselas.
El nuevo modelo se basará en la distancia recorrida y no en el tiempo, lo que se traduce en que se aplicará el "quién más contamina paga" y se aplica a vehículos pesados (camiones y autobuses). No obstante, son las administraciones de cada país las que definirán la misma.
De hecho, según recoge asimismo el ABC, el Ejecutivo ha asegurado tajantemente que el pago por uso no afectará a los transportistas, ya que "podrán repercutir su coste a los cargadores".
Sea como fuere, esta medida aún tardará en llegar porque ni siquiera se incluye en esta nueva normativa de movilidad sostenible. Sí lo hacen los peajes urbanos que pueden estar mucho más cerca si los Ayuntamientos deciden aplicarla y siempre y cuando se mantenga la medida en la normativa definitiva.
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