Según publica esta mañana La Vanguardia, el Servei Català de Trànsit, que tiene transferidas las competencias en materia de cobro de sanciones en Cataluña, echará mano de empresas especializadas que perseguirán a los infractores extranjeros hasta sus casas. A mayor cantidad recaudadas por las empresas subcontratadas, mayores ingresos para ellas.
Con esta medida el organismo quiere acabar con el agujero que suponen las 130.000 infracciones por exceso de velocidad que, por ejemplo, se perdieron allende fronteras en el año 2011 (último periodo del que se tienen datos oficiales publicados). A razón de entre 100 y 600 euros por sanción es un pico de dinero muy grande el que se pierde. Pero, ¿qué más supone esta medida?
Entre 100 y 600 euros, supone cada multa que hoy por hoy no pagan quienes campan por las autopistas españolas sin necesidad de observar los límites de velocidad mientras los infractores patrios deben pagar sus sanciones o arriesgarse a un embargo bancario. Aunque las cosas podrían cambiar en breve en las zonas más cercanas a la frontera con Francia.
Un sistema similar se viene utilizando en el País Vasco desde hace aproximadamente un año, y en la DGT están por adoptarlo en toda España. Según la experiencia de Euskadi, desde marzo a septiembre del pasado año la persecución de los conductores extranjeros supuso que un 37 % de las sanciones impuestas se acabaran cobrando, aunque... ¿eso significa que un 63 % se sigue salvando de la quema?
La multa automatizada y el agravio comparativo
Lo ideal sería que no hablásemos de multas sino de hábitos de la conducción y de respeto. Pero como el sistema es el que es, un sistema absolutamente mercantilista que poco tiene que ver con la seguridad y mucho con el trasiego de capitales, toca incidir en el agravio comparativo que supone circular con exceso para un conductor de aquí comparado con un conductor de allá.
O, volviendo ni que sea por un momento al terreno de la seguridad vial, toca hablar del riesgo que supone circular a velocidades legales cuando hay unos conductores que pueden introducir una elevada disparidad de velocidades con la absoluta confianza que da saber que nadie les perseguirá. Y esa disparidad, al fin y al cabo, supone un riesgo vial añadido y prescindible.
Volvamos a lo que estábamos, que no es la seguridad sino la recaudación. Porque, por mucho que disparen las cámaras y por muy espectaculares que resulten sus flashes, de su pórtico esas cámaras no se mueven para detener en el arcén a los conductores que se tienen por más peligrosos. Así que esos conductores peligrosos continúan su alocada marcha entre el resto de los ciudadanos.
Y ojo también a esto, porque aquí está el quid de la cuestión. Si a un conductor extranjero se le detecta infringiendo la ley, se le puede inmovilizar el vehículo. Pero, claro, para eso es necesario que haya alguien (una persona) detectando la infracción y yendo a por el infractor. Y como vivimos con la radaritis que vivimos, que parece que no haya otra manera de sancionar que no sea con automatismos... pues los infractores se escapan.
¿Qué nos sale más caro: vigilar el tráfico o perder el 40% de la recaudación?
Lo más cercano a usar en los últimos tiempos un sistema personalizado es lo que intentó Trànsit el año pasado, cuando conectó los radares de la AP-7 a una centralita que cotejaba las matrículas con una lista negra de reincidentes. Si sonaba la flauta de la coincidencia, se enviaba un mensaje a la patrulla de Mossos más cercana para que cobrara la sanción al infractor extranjero.
Pero claro, eran muchas las coincidencias que se tenían que dar. Total, que tras 190 intervenciones y 170 cobros, en Trànsit explican en buena lógica que vale más el relleno que el pollo. Mantendrán el sistema en la AP-7, cerca de la frontera con Francia, pero basarán más su acción en la persecución del infractor extranjero hasta donde sea necesario. No, sobre dotar a la Policía con más medios para que vigile el tráfico a pie de pista y de paso evite la fuga del infractor no dicen nada.
Sin una ley que ampare el cobro de sanciones más allá de las fronteras de un país, la única vía posible para las administraciones españolas es la de subcontratar esta función. Desde Bruselas, lo único que se ha hecho al respecto es pedir a los estados de la Unión Europea que en cuanto puedan, si eso, vayan compartiendo los datos de los conductores.
Mientras, las comunidades que reciben afluencias masivas de tráfico europeo seguirán lidiando con la situación como se les ocurra. Hasta un 40 % de la sanción se la quedarán las empresas de cobros, que se convertirán en comisionistas de infracciones aunque eso llame a todo tipo de desconfianzas. Para que nos quedemos tranquilos, nos cuentan que estas firmas se elegirán por concurso público. Es un consuelo, aunque a uno cada día le quede menos pelo para que le tomen.
Vía | La Vanguardia Vídeo | MEU086 (YouTube) En Motorpasión | Multas un 30 % más elevadas para los infractores reincidentes en Cataluña
