Las cuentas de la DGT, otro año más, siguen sin encajar. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el órgano dependiente del Ministerio de Hacienda que audita al sector público estatal, ha publicado en el BOE un duro informe en referencia a 2018 que así lo pone de manifiesto, e incluso habla de un balance económico que no representa "la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera" de la Jefatura Central de Tráfico al cierre del año pasado.
La IGAE ha resuelto su valoración con una opinión "desfavorable" puesto que considera que a su entender existe "falta de control", "cálculos erróneos", "falta de fiabilidad en la información", "datos contradictorios", y un "incumplimiento de los principios contables y presupuestarios", entre otras valoraciones negativas.
En este sentido, el documento pone de relieve que, "como en ejercicios anteriores, el organismo no reconoce los ingresos en contabilidad derivados de sanciones cuando dichas sanciones son firmes, sino que contabiliza los ingresos cuando recibe el importe transferido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), quien realiza la gestión de cobro en vía ejecutiva, y en consecuencia, no están registrados en contabilidad los no cobrados en periodo voluntario, ni los derechos de cobro correspondientes".
De esta forma, se infringe el principio de devengo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) y la Norma de Reconocimiento y Valoración 16, cuyo apartado 4 establece que el ingreso debe reconocerse en el momento en que surge un derecho de cobro amparado en un título ejecutivo.
En coherencia con el incorrecto criterio anteriormente expuesto, Tráfico no registra, ni en la contabilidad patrimonial ni en la contabilidad presupuestaria, las cancelaciones por anulación, insolvencia, prescripción u otras causas, comunicadas por la AEAT cuya cuantía en el ejercicio ha ascendido a 208.431.936,37 euros, ni tampoco las reactivaciones o rehabilitaciones de deudas cuyo importe comunicado es de 13.805.144,23 euros.
Casi cinco millones de euros más en ingresos
Asimismo, la IGAE detectó deficiencias en la contabilización de ingresos de 2018 y detalla que, siguiendo los criterios establecidos en el PGCP, el resultado contabilizado como "ingresos habría ascendido a 331.393.109,85 euros y como gastos a 202.990.498,57 euros, lo que habría supuesto un impacto positivo en la cuenta del resultado económico patrimonial de 128.402.611,28 euros".
Sin embargo, los datos presentados por Tráfico declararon un impacto positivo valorado en 123.512.718,37 euros, es decir, 4.889.892,91 euros más de lo estimado.
La Intervención Delegada asegura además haber "solicitado en reiteradas ocasiones al organismo, sin obtener respuesta". El efecto neto que Hacienda estima de la no contabilización es una infravaloración de 253.161.168,76 euros en los resultados de ejercicios anteriores, que se suman a los 4.889.892,91 euros del resultados del ejercicio 2018, provocando una infravaloración del patrimonio neto total de la Jefatura de Tráfico de 258.051.061,67 euros.
En cuanto a los datos del inmovilizado, este está valorado en 920.992.516 euros, de lo que el 64,9% está fuera de cualquier inventario, el 27,3% inventariado sin documentos y sólo el 7,8% son bienes correctamente documentados. Unas cifras que levanta las suspicacias de Hacienda: "No existe soporte documental de las cifras contabilizadas. Dada la falta de control existente en el organismo no es posible obtener evidencia acerca de la no existencia de bienes que no estén inventariados y tampoco hayan sido contabilizados", reza el escrito.
En este sentido, resalta que, dado que el inmovilizado representa el 57,96% del total del activo del la organización, "no existe información ni documentación sobre el 53,46% del activo", explica la IGAE.
Por otra parte, Hacienda reconoce que Tráfico declara en el apartado 4.1 de la nota 4 de la Memoria de las Cuentas Anuales adjuntas la situación existente respecto del inmovilizado e informa de que ha establecido un plan de acción para resolverla, efectuando un encargo a la empresa pública SEGIPSA. No obstante, "dada la situación existente, producto de muchos años de deficiente gestión, el desarrollo e implantación de dicho plan, que ya ha comenzado, requerirá varios ejercicios", aclara.
Fuerte tirón de orejas por la ITV
Hacienda se ha mostrado especialmente crítica con respecto a la recaudación procedente de la tasa por la ITV, a lo que alude que "no nos ha sido posible verificar que la recaudación de 84.885.494,81 euros en concepto de tasa por Inspección Técnica de Vehículos, ingresada por las entidades concesionarias de este servicio, sea la que corresponde a las inspecciones realmente efectuadas durante el ejercicio por dichos concesionarios".
De igual forma, añade que los datos de recaudación "no son coherentes" con la información que ofrece el Registro de Vehículos sobre inspecciones realizadas en el mismo periodo y tacha la información remitida por Tráfico de "contradictoria".
Por último, termina aquejando una "falta de control que evidencia la inexistencia de información fiable y consistente, lo que puede originar menoscabo de fondos públicos si no se recibiera de los concesionarios el importe que, de acuerdo con la normativa vigente, deben ingresar en las cuentas de Tráfico", concluye.
En última instancia, el documento pone de manifiesto una contabilización incorrecta de aportaciones al Consorcio de Compensación de Seguros del 50% de la recaudación de sanciones por incumplimiento de la obligación de asegurarse, cifrada en una sobrevaloración del ejercicio por importe de 5.054.705,76 euros, y un extra de los resultados de ejercicios anteriores de 2.251.552 euros.
Cabe recordar que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.4 de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, la Jefatura Central de Tráfico debe pagar al Consorcio de Compensación de Seguros el 50% de la recaudación que se obtenga. En 2018, Tráfico recaudó 33.753.085,62 euros por estas sanciones.
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