El valor de los coches se basa en dos variables básicas, su edad y su kilometraje. El primer dato es complicado de falsificar, porque habría que alterar los papeles del vehículo (aunque se haya rematriculado). El segundo dato no tanto, y es una forma de estafa que se sufre en el mercado de ocasión.
Según datos del autoclub RACC, un 5-12% de los coches usados que se venden en España tienen alterados los kilómetros, y si vienen de la UE, subimos al 30%. Se cifra este fraude en 343 millones de euros cada año, ¿pero cómo se le puede poner coto a esta práctica?
Cuando se trata de un cuentakilómetros analógico, toca desmontar el cuadro entero y hacer una alteración mecánica, es tedioso por la cantidad de tiempo que se requiere. Pero si hablamos de un contador digital, con medios relativamente simples y el software adecuado es un juego de niños.
El trucado suele oscilar entre 70.000 y 100.000 kilómetros, o en otras palabras, que el estafador se lleve hasta 8.000 euros más por la operación. El RACC pide que, al igual que en Alemania, trucar un odómetro sea un delito. Nuestra legislación lo penaliza el ánimo de lucro. De locos.
La forma más efectiva, en teoría, de evitar estas prácticas, es tener un cruce de datos efectivo entre los concesionarios, los talleres y las ITV para tener un historial del vehículo. Así, si luego tiene los kilómetros "bajados", canta en el acto, y se podría crujir al estafador.
También se puede trabajar en dificultar la tarea a los manipuladores, pero eso siempre será menos efectivo. La DGT tiene sobre la mesa la digitalización de los historiales mecánicos, como una medida más para poner la zancadilla a los estafadores, pero de momento no ha tomado forma.
Vía | Cinco Días
Fuente | RACC
