El pasado mes de abril, la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte, convocantes del paro que comenzó el 14 de marzo, anunció que lo suspendían "de manera temporal". Dos meses después, la asociación ha anunciado que pondrá sobre la mesa reactivar ese paro indefinido de transporte.
De fondo, el sector agroalimentario alerta de las enormes consecuencias que podría tener para el consumidor otro parón de un sector del que dependen.
Será el próximo 26 de junio cuando se convoque a todos los transportistas y conductores en sus provincias para efectuar la consulta sobre la reactivación de dicho paro, que no tiene una fecha asignada.
El 17 de junio la Plataforma emitió un comunicado para explicar las conclusiones de su reunión con el Ministerio de Transporte.
Tras la reunión se acordó que, si a partir del 30 de junio no obtienen un Decreto-Ley que proteja sus costes de explotación, se pondría sobre la mesa la reactivación del paro.
En esta reunión se abordaron sus reivindicaciones, entre las que destacan:
- Mejora de las condiciones para los conductores en centros de carga y descarga.
- La jubilación a los 60 años, reconocimiento de enfermedades y accidentes profesionales....
- Ley para "erradicar las malas prácticas abusivas en la contratación entre cargadores y transportistas efectivos (prohibición de la contratación a pérdidas)".
- Precio del carburante. La Plataforma asegura que tanto las petroleras como el Gobierno están contribuyendo a la subida imparable de precios.
El Gobierno y CNTC alcanzan un acuerdo provisional
El Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) -desvinculado de Plataforma- y el Ministerio de Transporte alcanzaron el pasado 16 de junio un acuerdo en el que se establece el primer borrador de la futura normativa para la aplicación de los principios de la Ley de cadena alimentaria.
El objetivo de esta reforma, explica CNTC, es prohibir que los transportistas puedan trabajar sin cubrir sus costes de explotación. Es decir, que el precio que perciba un transportista sea igual o superior a sus costes efectivos individuales.
Se pretende que este texto, cuyo contenido estudiará CNTC, esté elaborado antes del próximo 31 de julio.
"No podemos soportar un nuevo paro"
En este contexto de crisis energética y ante otro posible cuello de botella en el transporte de mercancías, el sector alimentario ha advertido de las consecuencias de que se lleve a cabo.
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores -que se han movilizado para pedir medidas que frenen en alto coste del gasóleo y la electricidad- junto con un gran grupo perteneciente a la cadena agroalimentaria y de hostelería ha emitido un comunicado conjunto en el que muestran su "máxima preocupación".
En él aseguran que no pueden "soportar un nuevo paro del transporte de mercancías" ante los problemas en la cadena de abastecimiento de productos básicos de alimentación que provocaría:
"La industria alimentaria puede sufrir paros en su actividad si los productos básicos no llegan a las fábricas e, igualmente, experimentar enormes costes derivados de la conservación de los alimentos o de su pérdida. La recuperación de la actividad normal puede extenderse durante varias semanas, prolongando los problemas de desabastecimiento a la población".
Avisan de que la eficiencia de la cadena hace que los productos frescos lleguen del campo a la mesa en 24 horas o menos desaparecerá, la hostelería, la restauración y el turismo pueden ver nuevamente amenazado su abastecimiento y se sufrirán pérdidas de destinos de exportación.
En marzo pudimos comprobar cómo el desabastecimiento unido al acaparamiento de productos básicos, como la leche, dejó escenas propias de la pandemia, con estantes vacíos en los supermercados.
Desde la cadena agroalimentaria aseguran que estamos en un "un escenario inflacionista nunca antes visto en nuestro país" y que un nuevo paro podría suponer la entrada en pérdidas de muchos operadores del sector.
Plataforma, una asociación de autónomos y asalariados del transporte por carretera, reclaman desde marzo una solución para controlar los márgenes de beneficio y costes de operación, así como un convenio a nivel nacional.
