Las cajas negras, más asociadas a la esfera aeronáutica que a la automotriz, formarán parte del equipamiento de todos los coches nuevos que se vendan en la UE a partir de 2022, y también los modelos que no la lleven tendrán que adaptarse. ¿El objetivo? Grabar los segundos de antes, durante y después de una colisión.
En este escenario hemos conocido cómo uno de estos dispositivos ha permitido, en una sentencia pionera en Catalunya, reconstruir un siniestro y determinar de quién fue la responsabilidad penal.
Las máquinas como testigos fiables
El caso data de 2014 y el Juzgado Penal 27 de Barcelona ha dictado sentencia. Según publica La Vanguardia, un taxi, equipado con caja negra, chocó contra otro turismo en una intersección en Badalona.
Resultaron gravemente heridos los tres pasajeros del vehículo particular y la pasajera del taxi, pero en un primer momento los cálculos matemáticos no pudieron probar cómo se desarrollaron los hechos y si el taxista había arrancado antes de que el semáforo se pusiera en verde, tal y como alegaba la defensa del otro vehículo.
El otro conductor, que circulaba a una velocidad excesiva, iba a ser absuelto a petición de la Fiscalía al no poderse determinar qué pasó, pero el caso dio un giro cuando se presentó la prueba pericial de la caja negra, también llamada Event Data Recorder.
Estos dispositivos pueden recoger datos relacionados con los movimientos de dirección del vehículo, aceleración y desaceleración, estado de los sistemas de seguridad (como el uso del cinturón), ubicación y también la velocidad de conducción.
¿Cómo se ponen en marcha? Cuando los sensores detectan un accidente (y se despliega el airbag), el sistema operativo le indica al sistema de archivos que se ponga a trabajar. En cuestión de milisegundos, el sistema de archivos organiza y estructura cuidadosamente todos los datos del incidente en el hardware de la memoria en un formato estandarizado.
Después, un investigador puede conectar el dispositivo a un ordenador portátil para ver qué datos se almacenaron. En este caso, los datos registrados en el aparato revelaron que el turismo circulaba a 137 km/h en una vía urbana, y el taxi a 34 km/h.
¿El resultado? La Fiscalía pidió la pena de prisión y condenó al conductor -que además conducía bajo la influencia del alcohol- a seis meses de cárcel y cuatro años sin carnet de conducir.
Según la Comisión Europea, "estos dispositivos se pueden usar en automóviles y transporte comercial como una valiosa herramienta de investigación para monitorear o validar nuevas tecnologías de seguridad, establecer límites de tolerancia humana y registrar velocidades de impacto".
El Área Central de Investigación de Accidentes de los Mossos d'Esquadra cuenta desde hace unos años con un sistema denominado 'Crash Data Retrieval' que se conecta a la caja negra del vehículo siniestrado y permite esclarecer las causas de un siniestro vial.
Y ojo que el año que viene entrará en vigor una nueva normativa que requiere que los fabricantes instalen un sistema para la medición constante del consumo de combustible y la energía eléctrica en los nuevos modelos de vehículos homologados a partir del 1 de enero de 2020.
Esta obligación se extenderá a todos los vehículos nuevos matriculados a partir del 1 de enero de 2021.
¿Qué pasa con la privacidad?
Lo cierto es que estos dispositivos se introdujeron en la década de los 70 y están presentes en muchos vehículos nuevos, pero la obligatoriedad de su uso a partir de 2022 demanda una nueva legislación que conecte a fabricantes, autoridades investigadores y propietarios.
En la UE el acceso a la precisa información que ofrecen las cajas negras está restringido, y los fabricantes no están obligados a proporcionar los datos a las autoridades. Tenemos, en resumidas cuentas, una balanza en la que el derecho a la privacidad y la mejora de la seguridad tienen pesos distintos.
Algo similar ocurre con los sistemas de monitoreo que fabricantes como Volvo quieren instalar en todos los vehículos; una tecnología a base de cámaras que controlará si nos despistamos o si conducimos de forma errática, y tomará decisiones por nosotros.
Con el valor que alcanza el mercado de datos en la actualidad, controlar qué terceros tienen ganado legítimamente el derecho a obtener los datos de una caja negra se antoja complicado. ¿Solo la policía y los jueces? ¿También plataformas de investigación en seguridad vial? ¿Cómo se controla dónde acaba esa información y qué precio se le pone?
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