La Autopista del Mediterráneo o AP-7 supondrá al Gobierno un desembolso de al menos 1.291 millones de euros, en concepto de indemnización, una vez se liberalicen sus tramos de peaje el 1 de septiembre: entre Tarragona y La Jonquera (Gerona) y entre Montmeló y el Papiol. El tramo Alicante-Tarragona, de 373 km, ya se liberalizó en enero de 2020.
Esa es la cuantía que el Ejecutivo refleja en el 'Programa de Estabilidad 2021-2024' enviado a Bruselas y que deberá abonar como mínimo a Abertis, entidad que explota dicha concesión a través de su filial Acesa.
¿Por qué deberá pagar el Gobierno más de 1.200 millones de euros por el peaje?
El motivo del desembolso económico responde, en pocas palabras, a una indemnización fruto de un acuerdo por el que el Gobierno instó a la concesionaria a realizar una inversión que le revertiría a la postre en mayores beneficios. Esas ganancias nunca llegaron y ahora reclaman su compensación.
El origen de todo ello se remonta a un convenio firmado en 2006 por Magdalena Álvarez, ministra de Fomento del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que acordó que la empresa ampliara esas vías con cargo al aumento de tráfico que se preveía.
A fin de que Abertis se cubriese las espaldas, se introdujo una cláusula para compensar a la compañía si no se lograban esos flujos al acabar la concesión.
Acesa, por tanto, realizó obras de ampliación y mejora en estos tramos de la AP-7 y aplicó descuentos en sus peajes confiando en que el aumento del tráfico esperado compensaría esos gastos.
Pero finalmente, esas halagüeñas previsiones no se alcanzaron y, por tanto, Hacienda deberá pagar a la concesionaria, aunque aún se mantienen dudas sobre cuál será el montante final a desembolsar.
Y es que, según informa El País, Abertis, que pertenece a partes iguales al Grupo ACS y la italiana Atlantia, mantiene desde hace una década un pleito en los tribunales con los sucesivos gobiernos para que el Estado cumpla con las compensaciones a las que se comprometió en 2006.
Sin embargo, el ministro de Fomento en 2017, Íñigo de la Serna (PP), no estaba de acuerdo con el cálculo de las compensaciones y en 2017 se celebró un Consejo de Ministros en el que se acordó indemnizar a la concesionaria por la diferencia de tráfico esperada, pero no por la caída de negocio que se sufrió con la crisis financiera.
Ahora, el Ministerio de Transportes asegura ahora que una sentencia del Supremo de 2019 desestimó un recurso de Abertis y, por tanto, valida la interpretación que hizo el Consejo de Ministros en 2017 y tumba los 3.000 millones de euros de compensación que pide Abertis.
No obstante, según han declarado fuentes anónimas de la concesionaria a El País, el Supremo no resolverá el caso hasta más allá del 31 de agosto de 2021, cuando finaliza el periodo de vigencia de los peajes en la AP-7, y será entonces cuando se decida la cuantía a pagar.
Sea como fuere, en el mejor de los escenarios, el Gobierno ya reconoce en el documento emitido a Europa que el fin de los tramos de peaje de la Autopista del Mediterráneo supondrán un coste a las arcas públicas de al menos 1.291 millones de euros a contabilizar este 2021.
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